Exabrupto

 

Resulta inaudito que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, política de largo y solvente recorrido, se haya dejado arrastrar por el histrionismo y haya puesto en solfa la presunción de inocencia, ni más ni menos, una piedra angular de nuestro Estado de derecho.

La dirigente socialista dijo que es "una vergüenza" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al ex futbolista, Dani Alves, de un delito de agresión sexual tras otra sentencia previa que le condenaba. Sus declaraciones han llevado a todas las asociaciones de jueces y fiscales a publicar un comunicado conjunto en el que piden respeto a la presunción de inocencia y a que PP y Vox soliciten su dimisión.

Vamos a ver: la manifestación de Montero es el pensamiento de muchísima gente, asombrada por la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Pero no debió pronunciarla, al menos en esos términos. A una vicepresidenta del ejecutivo no solo cabe exigirle mucha más moderación sino andarse con máxima cautela a la hora de entrar en el siempre delicado terreno de las decisiones judiciales y su interpretación. Vale que se haya solidarizado y mostrado firmeza (y compromiso) feminista con la víctima (con las víctimas) pero no fue su día afortunado a la hora de expresarse, sobre todo cuando numerosos dirigentes de su formación política pueden presumir de haber guardado respeto y haber aceptado las determinaciones de numerosos tribunales de distintas jurisdicciones.

La presunción de inocencia es primordial. ¿No es el principio al que comúnmente se apela cuando hay una investigación en marcha y un procedimiento al que interesadamente se van aportando indicios y elementos supuestamente probatorios, hasta que lo decida Su Señoría o un tribunal? ¿No es un asidero fundamental para muchos encausados, sean políticos o no, que quieren agotar la sostenibilidad de su inocencia?

Estos son elementos del propio discurso socialista, desde luego. Y la ministra Montero, víctima de su entusiasmo histriónico, debió tenerlo en cuenta. Porque luego queda opción para rebatir algunos sonados y no menos ‘ostententóreos’ esperpentos del Partido Popular en materia judicial como aquella afirmación (no rectificada) de que el Tribunal Constitucional “es el cáncer del Estado de derecho”, o la vanagloria de controlar la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, o la percepción de que la Gürtel era una trama contra el PP.

Está claro que este tipo de sentencias no favorecen la seguridad de las mujeres. Se respetan y se acatan. Y hasta se puede discrepar o emitir opiniones contrarias. Pero ante una realidad tan sensible como es la violencia contra las mujeres, hay que actuar con más responsabilidad y hay que emitir mensajes o valoraciones más ponderadas. La protección y la defensa de las víctimas, desde luego, no ganan enteros con exabruptos.

María Jesús Montero lo habrá entendido.