El catedrático de Ciencias Políticas y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats, ha acentuado recientemente el problema estructural de las ciudades y de los ciudadanos al entender que la importancia de las ciudades y de los gobiernos locales en el bienestar y la supervivencia ciudadana no se corresponde con las estrecheces económicas en las que viven los ayuntamiento españoles.
“Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio, las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje de gasto público que está lejos del que es en la mayoría de países europeos”, señala Subirats en otra de sus interesantes reflexiones sobre la realidad de las haciendas locales.
O sea, la financiación de éstas: los municipalistas confían en que el presente año marque un avance determinante en el nuevo modelo que proporcione estabilidad, ofrezca una medida real de las opciones de cada ayuntamiento y hasta discipline a sus responsables a la hora de planificar y aprobar previsiones económicas, especialmente a medio y largo plazo. Este asunto y la nueva Ley de Gobierno Local deben estar en trámite parlamentario en el año recién comenzado. De no ser así, preparémonos para largas y poco útiles diatribas de gobierno y oposición mientras la cruda realidad del día a día obliga a esmerarse en el nivel de prestación de los servicios en tanto que se ve muy condicionado cualquier proyecto y su correspondiente inversión.
A la espera de que pueda alcanzarse un acuerdo satisfactorio, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se afana en la viabilidad del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que esa será la denominación de la continuación del Plan ‘E’, una iniciativa, por cierto, que ha sido valorada hasta por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Y es que los datos en Canarias, eran en efecto, reveladores: 23.800 puestos de trabajo (mantenimiento o nueva creación, según), el doble de las previsiones gubernamentales. Una inversión que superó los 350 millones de euros para financiar 1.012 proyectos. Con razón los munícipes de Canarias convergieron en la necesidad y en la conveniencia de una segunda edición del Plan y con razón Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación, en su reciente visita a las islas, sin alardes triunfalistas, destacaba los gratificantes resultados.
La pregunta que cabe plantearse es qué hubiera sido de muchos ayuntamientos de no haberse acogido a este Plan. A unas cuantas administraciones locales, desde luego, maniatadas o casi con lo justo para atender sus obligaciones, las dotaciones vinieron de perlas para afrontar proyectos y actuaciones. Es probable que muchas de ellas jamás hayan generado tan empleo como con esta iniciativa en tan breve lapso de tiempo.
De modo que, con la experiencia adquirida, confiemos en que el nuevo Fondo, o la segunda edición del Plan ‘E’, con ese espíritu de cooperación y con el esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, contribuya a la reactivación económica y a la consecución de una mayor eficiencia de los recursos públicos.
La dotación económica del Fondo está destinada a proyectos directamente relacionados con la innovación, la sostenibilidad económica y ambiental y con las políticas sociales. Hasta un 20% de la inversión podrán dedicar los ayuntamientos a financiar gastos corrientes vinculados a programas de ámbito educativo y de carácter social.
Veamos, en fin, si esta filosofía es la semilla de un modelo productivo distinto y la palanca de superación de la difícil coyuntura municipalista.
“Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio, las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje de gasto público que está lejos del que es en la mayoría de países europeos”, señala Subirats en otra de sus interesantes reflexiones sobre la realidad de las haciendas locales.
O sea, la financiación de éstas: los municipalistas confían en que el presente año marque un avance determinante en el nuevo modelo que proporcione estabilidad, ofrezca una medida real de las opciones de cada ayuntamiento y hasta discipline a sus responsables a la hora de planificar y aprobar previsiones económicas, especialmente a medio y largo plazo. Este asunto y la nueva Ley de Gobierno Local deben estar en trámite parlamentario en el año recién comenzado. De no ser así, preparémonos para largas y poco útiles diatribas de gobierno y oposición mientras la cruda realidad del día a día obliga a esmerarse en el nivel de prestación de los servicios en tanto que se ve muy condicionado cualquier proyecto y su correspondiente inversión.
A la espera de que pueda alcanzarse un acuerdo satisfactorio, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se afana en la viabilidad del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que esa será la denominación de la continuación del Plan ‘E’, una iniciativa, por cierto, que ha sido valorada hasta por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Y es que los datos en Canarias, eran en efecto, reveladores: 23.800 puestos de trabajo (mantenimiento o nueva creación, según), el doble de las previsiones gubernamentales. Una inversión que superó los 350 millones de euros para financiar 1.012 proyectos. Con razón los munícipes de Canarias convergieron en la necesidad y en la conveniencia de una segunda edición del Plan y con razón Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación, en su reciente visita a las islas, sin alardes triunfalistas, destacaba los gratificantes resultados.
La pregunta que cabe plantearse es qué hubiera sido de muchos ayuntamientos de no haberse acogido a este Plan. A unas cuantas administraciones locales, desde luego, maniatadas o casi con lo justo para atender sus obligaciones, las dotaciones vinieron de perlas para afrontar proyectos y actuaciones. Es probable que muchas de ellas jamás hayan generado tan empleo como con esta iniciativa en tan breve lapso de tiempo.
De modo que, con la experiencia adquirida, confiemos en que el nuevo Fondo, o la segunda edición del Plan ‘E’, con ese espíritu de cooperación y con el esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, contribuya a la reactivación económica y a la consecución de una mayor eficiencia de los recursos públicos.
La dotación económica del Fondo está destinada a proyectos directamente relacionados con la innovación, la sostenibilidad económica y ambiental y con las políticas sociales. Hasta un 20% de la inversión podrán dedicar los ayuntamientos a financiar gastos corrientes vinculados a programas de ámbito educativo y de carácter social.
Veamos, en fin, si esta filosofía es la semilla de un modelo productivo distinto y la palanca de superación de la difícil coyuntura municipalista.
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