En un trabajo que, en estilo telegráfico, pretendía condensar lo más destacado del pasado año, citamos la iniciativa sobresaliente: el denominado Plan 'E', un Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo, promovido por el presidente del Gobierno de España como una de las medidas puestas en marcha por el ejecutivo para afrontar la crisis económica que también la sufren, como se está viendo, las adeministraciones locales.
El Fondo estaba dotado con ocho mil millones de euros para financiar 30.903 proyectos presentados por 8.108 ayuntamientos del país.
Los datos en Canarias son reveladores: 23.800 puestos de trabajo (mantenimiento o nueva creación, según), el doble de las previsiones gubernamentales. Una inversión que supera los 358 millones de euros para financiar 1.012 proyectos. Con razón, los munícipes (de Canarias y de todo el país) convergieron en la necesidad y en la conveniencia de una segunda edición del Plan, ya presupuestada para el año en curso y orientada en la dirección que ellos mismos convinieron en los foros de negociación.
La iniciativa ha permitido mantenerse a flote a gobiernos municipales casi maniatados o con lo justo para cumplir sus obligaciones. La capacidad inversora, como se sabe, ha quedado reducida al mínimo, por lo que el Fondo vino que muy bien para afrontar proyectos y actuaciones que, sin tal recurso y prolongada la recesión, hubieran tenido que esperar. Hasta algunos alcaldes de color político distinto al gubernamental han sido criticados por querer apropiarse o hacer suyas y exclusivas las obras realizadas.
Pero, pillerías políticas al margen, la pregunta que procede hacerse es qué hubiera sido de muchos ayuntamientos de no haberse acogido a las directrices del Plan. Es probable que muchos de ellos jamás hayan generado tanto empleo como con esta iniciativa en tan breve lapso de tiempo.
Y ahora, con la experiencia acumulada, con la maquinaria administrativa aún engrasada, cabe confiar en resultados exitosos, tanto a la hora de reducir el desempleo como de completar actuaciones y de mejorar la prestación de servicios.
De modo que, este mandato, aparentemente un calvario para muchos regidores y gobiernos locales, empieza a verse con otra tonalidad o a resultar más llevadero.
Lo dicho: fue la iniciativa de 2009.
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