Se lo ha servido en bandeja de
plata a la oposición la ministra de Sanidad e Igualdad, Ana Mato, al anunciar
la elaboración y firma de un gran acuerdo social contra la violencia de género.
Es lo que grupos parlamentarios y organizaciones de todo tipo vienen demandando,
sin fruto, a lo largo de la presente legislatura: la racha más reciente de
crímenes es la que parece haber detonado la reacción ministerial. Veremos hasta
dónde llega.
Porque, claro, a nadie se oculta que entre tibieza,
manipulaciones de datos que significan un autoengaño y reducción de recursos,
la situación se ha complicado, o lo que es igual, el problema, lejos de que se
atisbe una solución, sigue siendo extremo. O se afronta con decisión y con
medidas consecuentes que progresivamente vayan creando nuevos códigos de
conducta y hasta nuevas pautas culturales, o la indolencia, ese dejar
hacer/dejar pasar, termina robusteciendo una lacra absolutamente impropia de
una sociedad moderna y madura.
Por lo tanto, lo primero de todo, frente a la tibieza, es la
voluntad política, firme y valiente, para encarar la situación. Se ha dicho
hasta la saciedad y habrá que insistir: prevenir, educar, actuar. Si esa
voluntad no se plasma en planes,
programas y dotaciones, hay poco que hacer. Involucrar a las instituciones y a
los actores sociales: debe haber una conciencia clara de que este es un asunto
que concierne a todos y todos, en la medida que corresponda, deben hacer suyo.
No es justificación bastante, por cierto, la minoración en el
registro de denuncias pues suben, por otro lado, las órdenes de protección
dictadas. Más allá de las interpretaciones estadísticas -un fenómeno de este
tipo, como el del paro, no debería ser empleado como arma política arrojadiza- la
gran verdad es que se ha incrementado el número de asesinatos, diez más en la
comparativa interanual por estas fechas.
Finalmente, la disminución de recursos presupuestarios y de
otra índole. Desde 2011, según datos esgrimidos por la oposición parlamentaria,
se han reducido en un 28% las partidas consignadas en el apartado de violencia
de género. Ya es discutible este argumento para medir la vida de una mujer en
términos monetarios, pero lo cierto es que los sistemas de ayudas, protección y
asistencia social a mujeres e hijos van palideciendo a ritmo considerable.
No es exagerado decir entonces que peligran todos los avances
y todo lo que se ha construido. Y para colmo, entre las reformas legislativas y
la reasignación competencial, la violencia de género adquiere aún mayor
incertidumbre en el ámbito de los
ayuntamientos si al final es considerada como competencia impropia.
Ese pacto, ministra, urge.
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