Podrá parecer simplista el razonamiento pero si el Estatuto
de Autonomía de Canarias determina que la Comunidad tendrá a su cargo la
competencia ejecutiva sobre los puertos y aeropuertos de interés general para
los que el Estado no se reserve su gestión directa, resulta evidente que el
Estado, en el proceso de privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), está vendiendo algo que no es suyo como son los aeropuertos
canarios incluidos en la operación.
Se empeñan
en tensar las cuerdas, en hacer cada vez más tirantes las relaciones. Y
últimamente, entre la desconsideración del Régimen Económico y Fiscal (REF),
queriendo hacerlo depender de los vaivenes del sistema de financiación
autonómica -que ya ha evidenciado, por cierto, sus perjuicios para las islas- y
el menosprecio a un precepto estatutario esencial para el transporte y la
movilidad, los desencuentros se hacen más que evidentes. Difícilmente se
encontrarán una etapa y unos hechos que hayan generado más descontentos y hayan
propiciado una relación institucional tan frágil y quebradiza. Apenas diálogo,
apenas avances: a más quejas, mayor menosprecio. Solo la proximidad de la
convocatoria electoral y la preconfiguración de los escenarios posteriores, así
como un derroche de prudencia (¿prudencia o resignación?) política, han frenado
las consecuencias.
Volviendo a
la privatización de AENA, conviene recordar los antecedentes tanto de la
voluntad de negociaciones bilaterales, hecha pública mientras se barruntaba un
recurso de inconstitucionalidad que presentaría el Gobierno de Canarias, como
de la acción entablada ante el Tribunal Supremo por la propia Comunidad
Autónoma para esclarecer el silencio administrativo subsiguiente a la decisión
del consejo de ministros de autorizar a la entidad pública empresarial, ENAIRE,
dependiente del ministerio de Fomento, la privatización parcial de AENA. La
conclusión es que el ejecutivo autonómico solicitará ante el Supremo la
suspensión cautelar de este proceso privatizador.
Pero, al
lado de la batalla jurídica, de las objeciones hechas por los trabajadores y
del negocio puesto en marcha con inserciones publicitarias que son todo un
reclamo (salida a bolsa del 21% del capital del considerado operador
aeroportuario más importante del mundo), no hay que perder de vista lo que
significan los aeropuertos en Canarias. Claro que son estratégicos,
imprescindibles para el negocio turístico, algo más que una infraestructura de
transporte, básicos tanto para la conectividad con la península y con el resto
del mundo como para la cohesión económica, social y cultural de un territorio
insular alejado.
Y tan simple
como el razonamiento del principio: si el Estado vende una empresa pública que,
según sus propios responsables, produciría este año cientos de millones de
euros de beneficios, a cuenta de qué ese interés en la operación sin tener en
cuenta razones y peculiaridades como las canarias. Cabe preguntarse, no sin
ingenuidad, si el Estado sanea una empresa pública para venderla a intereses privados.
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