Todas
las informaciones procedentes de Venezuela rezuman inquietud. ¿Qué va a pasar?
La pregunta se repite de forma incesante sin que haya una sola respuesta capaz
de contener una alternativa consecuente: demasiados problemas concentrados en
la coctelera donde se agita una crisis de caballo en todos los órdenes:
político, institucional, económico y social.
Añadamos
el mediático. Informar en medio de esa convulsión está siendo, desde hace algún
tiempo, pero principalmente después de las últimas elecciones y de la histórica
derrota en las urnas del régimen bolivariano, un ejercicio pletórico de riesgo.
Más que eso, de peligro. Preocupante: recordemos que la prensa fue ovacionada
en la sesión constituyente de la Asamblea Nacional. Era todo un reconocimiento
a su abnegación durante muchos años de tribulaciones y persecuciones; y un
estímulo para confiar en que la nueva era sociopolítica que se abría iba a
tener un poder fedatario, pluralista y consecuente en las tribunas mediática,
indispensable para la normalización de la convivencia y los avances sociales.
Pero de los aplausos en el Parlamento se ha pasado a las amenazas y agresiones
en la calle.
Amnistía
Internacional (AI) acaba de corroborar esa preocupación mientras ex presidentes
de otros países agotan los recursos para dialogar y acercar posiciones en medio
de la fractura abierta y la intransigencia. La organización, prácticamente a la
desesperada, ha solicitado a las autoridades venezolanas que garanticen la
protección y el libre desarrollo de su tarea a los profesionales del
periodismo. Lo ha hecho después de que al menos veinte reporteros y fotógrafos
hayan sufrido amenazas, agresiones
verbales y físicas en el curso de protestas y concentraciones en las calles de Caracas y otras ciudades.
El
director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, ha sido tajante al
respecto: “Las agresiones por parte de presuntos funcionarios públicos y
bandas de civiles armados pro Gobierno –muchas de ellas registradas en
fotografías y videos– que según denuncias sufrieron cerca de diecinueve
profesionales de varios medios de comunicación el día de ayer en el centro de
Caracas, no deben quedar impunes”. Causa pavor saber que, presumiblemente, hay
funcionarios y grupos de civiles armados actuando -impunemente, seguro- en
medio de ese clima de encono y crispación social. Un clima prebélico.
Los
hechos confirman que la situación tiende a empeorar. La libertad de expresión
en Venezuela se ha visto amenazada desde hace años. No solo es el férreo
control de los medios sino la progresiva presión que se ejerce para aniquilar
la información plural y ecuánime. Para colmo, en el caso de la prensa, la
escasez de papel ha sido determinante del cierre de varias cabeceras o de la
notoria reducción de tiradas. Periódicos colombianos, según se ha sabido, están
prestando bobinas y bobinas para que algunas publicaciones subsistan. ¿Hasta
cuándo? Esa es otra pregunta como la del primer párrafo.
La
reivindicación de Amnistía Internacional va cargada de razón: “La labor periodística es fundamental para la
construcción de una sociedad y el resguardo del Estado de derecho. Por ello
Naciones Unidas incluye a los y las periodistas dentro de su concepto de
defensores y defensoras de derechos humanos”. Y agrega: “Es una obligación de
cada uno de los Estados garantizar su protección y el libre ejercicio de su
trabajo. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos
civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de
los derechos económicos, sociales y culturales”.
Desde luego, malos tiempos para el oficio en el país hermano.
Pero el periodismo no se resigna. Seguro.
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