Impacto de la desinformación

 

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a raíz de los bulos difundidos tras el accidente ferroviario de Adamuz, sobre el que hoy, por cierto,  comparece en el Senado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha hecho público un comunicado en el que advierte del impacto que la desinformación tiene sobre la calidad democrática y la confianza de la ciudadanía en los medios. Por ello, ha reclamado medidas estructurales para reforzar el ejercicio del periodismo basado en la veracidad, el rigor y el respeto a los principios éticos. La declaración se ha hecho pública con motivo de la festividad de san Francisco de Sales, patrón de los periodistas.

La organización señala que la difusión de informaciones falsas a través de redes sociales no constituye un fenómeno aislado, sino un problema estructural que contamina el ecosistema informativo y erosiona la credibilidad de los medios y de los profesionales. En este sentido, la FAPE recuerda que lleva años alertando de los riesgos asociados al mal uso de estas plataformas y subraya la necesidad de denunciar de forma continuada sus efectos sobre la convivencia democrática, así como de impulsar medidas eficaces para combatir la desinformación.

El último Informe Anual de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), refuerza este diagnóstico y refleja una amplia concienciación entre los periodistas sobre la necesidad de actuar como freno frente a los bulos y las falsedades. El informe también identifica otros factores de preocupación, como la pérdida de confianza de la ciudadanía, la precariedad laboral, la persistencia de los falsos autónomos, la escasa presencia de mujeres en puestos de dirección y el deterioro de la salud mental de los profesionales. La FAPE sostiene que sin redacciones sólidas y condiciones laborales adecuadas resulta inviable garantizar un periodismo de calidad.

La Federación también vincula el deterioro del ejercicio profesional con la creciente polarización política y denuncia prácticas que considera incompatibles con una democracia plena, como el señalamiento de periodistas, el acoso en línea, la exclusión de medios de actos informativos o la celebración de ruedas de prensa sin preguntas. Estas actuaciones, según la FAPE, suponen un obstáculo grave para la libertad de prensa y afectan al derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y rigurosa.

En relación con el acceso a las instituciones, la FAPE valora de forma positiva la aprobación en el Congreso de los Diputados de un reglamento que permitirá evaluar el ejercicio profesional en la concesión de acreditaciones. La Federación recuerda que ha denunciado de manera reiterada el comportamiento de determinados activistas que, amparados en acreditaciones periodísticas, vulneran los principios de la profesión y distorsionan la labor informativa del conjunto de los profesionales.

La declaración también pone el acento en la alfabetización mediática como herramienta para combatir la desinformación. La FAPE recuerda que el Parlamento Europeo ha instado a integrar esta formación en todos los niveles educativos y reclama al Gobierno la incorporación de una asignatura específica en la Educación Secundaria Obligatoria. La organización subraya que esta necesidad se ve reforzada por el uso creciente de sistemas de Inteligencia Artificial, que pueden facilitar tanto avances en el tratamiento de la información como la suplantación de identidades y la difusión de contenidos falsos.

Por último, la FAPE destaca la importancia del respeto al secreto profesional como derecho fundamental para proteger a los periodistas frente a la obligación de revelar sus fuentes, en un momento en el que este derecho se encuentra en desarrollo legislativo.

La Federación recuerda que este principio resulta esencial para la libertad de prensa y de información y que su defensa es compatible con el sometimiento de los profesionales a la ley y con la actuación de los tribunales ante posibles vulneraciones de derechos. En este marco, la organización reitera la disponibilidad de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo como vía para canalizar reclamaciones sobre el ejercicio profesional.