EL SECRETO DE UNAS OBRAS

El expediente relativo a unas obras de restauración o reacondicionamiento en la vivienda del presidente del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria ha sido declarado secreto por parte del Ejecutivo, después de que el periódico La Provincia publicara varias informaciones sobre el importe de las mismas.Si todo está bien, si todo ha sido tramitado correctamente, si el departamento correspondiente del Gobierno ha seguido al pie de la letra los pasos que en una actuación de este tipo se deben dar -y no parece que sea un asunto demasiado farragoso, a diferencia de otros muchos expedientes que requieren peticiones, informes, consultas, decisiones orgánicas- no habría nada que temer. Pero si no ha sido así, si han sido detectadas anomalías o irregularidades, estamos ante otro de esos hechos insólitos que hacen más peculiar la comunidad de nuestras tribulaciones. Si tibia, hasta ahora, ha sido la reacción de la oposición parlamentaria solicitando documentación sobre el particular, no menos desconcertante fue la explicación del consejero José Miguel Ruano en el curso del programa televisivo 59 segundos, cuando no atinó a justificar las razones de la decisión gubernamental, en tanto que añadía una subjetiva consideración sobre la conveniencia de declarar el secreto sólo una parte del expediente.Dicen que por razones de seguridad. Vale. Es difícil de aceptar que el arreglo de estancias de la vivienda del presidente o un cambio de mobiliario o una reposición de loza sanitaria den para tanto secreto, pero si alguien invocó la seguridad -¿por la casa, por el presidente y su familia, por los contratistas?- hay que adoptar una actitud cuando menos prudente, a la espera de que el secreto sea levantado y en sede parlamentaria sean ofrecidas las explicaciones adecuadas. Que ahora ya, por cierto, son inevitables. Sobre todo, si se puede demostrar o verificar que la licitación se anunciara en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) después de que las obras se hubieran ejecutado. Sobre todo, para contrastar si los costes o la cuantía se ajustan a las coordenadas técnico-legales.Que sucedan estas cosas a estas alturas de la democracia resulta raro. Siempre hubo en Canarias una especial sensibilidad mediática con asuntos como el que nos ocupa, una suerte de filón que da para ser explotado unos cuantos días, hasta que la multiplicación de las interpretaciones terminan calando en círculos sociales y creando opinión, da igual que esté más o menos fundamentada. Recuérdese, por ejemplo, la adquisición del palacete de Vistabella, en Santa Cruz de Tenerife, en la primera legislatura, tan denostada, incluso por aquellos que luego la utilizaron. Y ahí está, como digna residencia de un presidente autonómico.Pero, de momento, secreto. Seguro que ha habido en la aún joven historia de la autonomía canaria situaciones más complicadas que hubieran aconsejado cautela, reserva o discreción, especialmente si había negociaciones en marcha. Como no hay muchos precedentes de este secretismo y como hasta un cualificado miembro del Ejecutivo no quiso, no supo o no pudo esclarecer las causas que en este caso lo motivaron, brota de inmediato una sensación de perplejidad que, sencillamente, viene a acentuar los recelos sobre el funcionamiento de la Administración en determinados supuestos. El asunto, que se presta a reprobaciones por decoro estético ante las penurias y las limitaciones de nuestros días, va más allá de la imagen de un Gobierno que, presumiendo de transparencia, actúa y recurre al secreto refugiándose en la seguridad, después de unas informaciones periodísticas. Después de todos los escándalos que se registran en esa historia, esta decisión se hace menos digerible. Si para esta materia, se sienta este precedente, ¿qué sucederá en el futuro con otras de mayor enjundia?