Disuasorio. Ese es el primero de los efectos que produce el auto judicial que exculpa al vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria. Disuadir, según la 22ª edición del diccionario de la Real Academia Española significa: "Inducir, mover a alguien con razones a mudar un dictamen o a desistir de un propósito".
Pues muy bien, dicho sea con todos los respetos: como no es delito aceptar cierta dádiva pese a que desde un ámbito público hay una decisión que depende del receptor, no vuelva usted por ese camino porque se va a encontrar con el rechazo. No se utilice ese recurso, no se meta en tales vericuetos, dedíquense esfuerzos y energías a otras cosas... políticamente más productivas.
Disuadir también de la tentación que supone residenciar en vía judicial los contenciosos políticos. Lo apuntaba un sesudo columnista en la primera reacción tras conocerse el contenido del auto: no se puede hacer política y periodismo con el Código Penal en la mano. Vale. Que decida la ciudadanía en su momento: si premia o castiga, si las resoluciones judiciales no eliminan las sombras de las apariencias, en fin, si mantiene o no la incredulidad.
Pero han sido tantos años de impunidad, de que todo se puede hacer porque no pasa nada, anda tan extendida la impresión de que política se asocia a corrupción o a malas artes, que la encomienda a la justicia parecía el único y el último camino. Es como si los jueces se hubieran cansado de tantos dimes y diretes en los medios de comunicación, de tantas diatribas entre políticos de distinto signo.
Entonces, este auto exculpatorio debe servir de base a una reflexión en el devenir de la política canaria: que no se instrumentalice la justicia con fines políticos y que nadie, ningún cargo público se confíe pese a la ausencia delictuosa en sus actuaciones y decisiones porque siempre flotarán las vergüenzas o las aristas dudosas de determinados comportamientos. Luego están las habilidades y la capacidad para resistir, escurrirse, salir airoso y para gozar de tratamientos mediáticos; pero ese es otro cantar, no exento de victimismos, por cierto, y en el que cabe no incurrir en la desmemoria si es que se quiere evitar agravios, como por ejemplo -salvadas las distancias y la naturaleza- el caso del político y abogado grancanario Carmelo Padrón, que aguardó doce años a que terminara la instrucción y se resolviera la causa en la que estaba inmerso.
Pero han sido tantos años de impunidad, de que todo se puede hacer porque no pasa nada, anda tan extendida la impresión de que política se asocia a corrupción o a malas artes, que la encomienda a la justicia parecía el único y el último camino. Es como si los jueces se hubieran cansado de tantos dimes y diretes en los medios de comunicación, de tantas diatribas entre políticos de distinto signo.
Entonces, este auto exculpatorio debe servir de base a una reflexión en el devenir de la política canaria: que no se instrumentalice la justicia con fines políticos y que nadie, ningún cargo público se confíe pese a la ausencia delictuosa en sus actuaciones y decisiones porque siempre flotarán las vergüenzas o las aristas dudosas de determinados comportamientos. Luego están las habilidades y la capacidad para resistir, escurrirse, salir airoso y para gozar de tratamientos mediáticos; pero ese es otro cantar, no exento de victimismos, por cierto, y en el que cabe no incurrir en la desmemoria si es que se quiere evitar agravios, como por ejemplo -salvadas las distancias y la naturaleza- el caso del político y abogado grancanario Carmelo Padrón, que aguardó doce años a que terminara la instrucción y se resolviera la causa en la que estaba inmerso.
Y otra reflexión: cierto que cuando el campo de la fiscalización política se agota, o cuando se hace un uso torticero y a conveniencia de las reglas del juego en el marco de las instituciones en las que se representa a la voluntad popular, no parece quedar otra opción que los tribunales, no está claro que quienes desde las líneas de la oposición elijan esa vía, por muchas evidencias, por muchas "teóricas" pruebas, por mucha ampulosidad mediática de que pudieran gozar y con todo ello, persuadir, no está claro, no, que vayan a obtener réditos políticos.
Procede preguntarse, al hilo de estas reflexiones, y del propio efecto disuasor, si decisiones como la que nos ocupa son válidas para disminuir la carga de radicalización que caracteriza la vida política canaria. Que hubiera más sosiego, que hubiera menos crispación, lo agradeceríamos todos y serviría hasta para que no aumente el desinterés y el desapego de muchos ciudadanos hacia la política. Pero, ojo, señoras y señores jueces: que tampoco contribuyan a que aumente la impunidad de quienes pueden creerse con bula o patente de corso pues la perversión del sistema puede alcanzar niveles difícilmente controlables llegado el momento. Otrosí: a que cunda la desmoralización y la desmotivación, viendo que en Canarias, con perdón del poeta, todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar.
Desmoralización y desmotivación, por cierto, que también corre el riesgo de extenderse no sólo entre los justiciables, sino entre los mismos profesionales de la policía. Porque todavía, hay que recordarlo, quedan por resolver en sede judicial en las islas unas cuantas incógnitas y unos cuantos casos asociados a presuntas tramas y a presuntas comisiones delictivas. Y a la espera, no se olvide aquella maldición gitana, pleitos tengas y los ganes.
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