SANGRE, SUDOR Y DUDAS

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene ante sí el enésimo escándalo político, la penúltima prueba del permanente estado de sospecha que suscitan las adjudicaciones y contrataciones de servicios públicos. Hay numerosos antecedentes, algunos medios de comunicación insisten en informaciones-denuncia pero da igual: la sensación de impunidad no la borra nadie. Es como si a la sociedad canaria la hubieran condenado a convivir con irregularidades, componendas, ilícitos, favoritismos, sesgos y aprovechamientos... que no pasa nada. Ya van unos cuantos casos. Llegaron a vender el viento, no ha ocurrido gran cosa y el soplo de aquél es como si diluyera todas las suspicacias, como si alejara los indicios, las tentaciones y los vericuetos hacia los bancos del olvido y la desmemoria. O sea, la impunidad total. El estado ideal.

Esa penúltima prueba, que tiene varias denominaciones, el caso “Hemodiálisis”, el caso “Artiles”, el caso “Roldós”, el caso “Lifeblood”, empieza a albergar las mismas sensaciones. Sólo determinada tenacidad periodística hace que las sombras y las dudas resistan, a la espera de que en algún foro, el judicial o el parlamentario, se esclarezca lo ocurrido con una decisión de la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, consistente en adjudicar, mediante concurso público, dos unidades de hemodiálisis en otros tantos centros hospitalarios de Gran Canaria y Lanzarote.

Cuando trascendió que la firma del contrato de adjudicación se produjo el mismo día en que la consejera Mercedes Roldós (PP) cesaba en el departamento que venía ocupando desde el comienzo de la legislatura, la suspicacia se hizo carne y recobró vida entre nosotros, asistentes, a partir de entonces, a una sucesión de informaciones y anuncios, con nuevos datos, con nuevos hechos, con desmentidos y con declaraciones que, en todo caso, ponen de relieve que algo ha pasado, que las entretelas de este caso tienen unos cuantos vericuetos que no sobrepasan, por ahora, ni el respeto a las formalidades (decisión de la mesa de contratación, faltaría más) ni la confianza plena en los técnicos (hay que tenerla pues va en ello su profesionalidad).

Dos hechos que llaman la atención en el proceso subsiguiente a la adjudicación: que la firma adjudicataria -recuerden: capital social de tres mil euros, vinculada al ramo inmobiliario- haya solicitado la repetición del concurso, anunciando que volverá a presentarse, sean cuales sean las bases del mismo; y que el nuevo consejero, Antonio Bañolas -¡vaya marrón, apenas aterrizar!-, después de varios días de procelosa navegación en determinados mares mediáticos, haya decidido prescindir de los servicios de un respetable abogado, Javier Artiles, que asesoraba a la consejería y representaba a la adjudicataria 'Lifeblood', no sin antes merecer encendidos elogios públicos de la consejera saliente.


Si ya es insólito que los ganadores de un concurso público pidan, en plena refriega, que se repita el trámite de licitación, no lo es menos el papel que el letrado haya interpretado en esas entretelas a medida que se van conociendo, periodísticamente, vínculos, nexos y detalles de intereses que sustentan la operación, de modo que el consejero, por si las pistas, ha decidido ponerle en reveladora cuarentena. Hasta que se esclarezcan los hechos que, por cierto, han entrado en vía judicial pues, para que nada falte, una de las empresas concursantes no adjudicatarias, ante los contenidos publicados, ha resuelto pleitear. Lo menos que podía hacer.

Consecuencias políticas: el caso, con el nombre que ustedes quieran, ha vuelto a unir -junto a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma- a los socios que habían fracturado -ahora hay que leer que fue hasta de mutuo acuerdo: qué falta de respeto, qué irresponsabilidad en plena crisis- sus afectos políticos que les unían por Canarias. Otro caso, otra causa más para alimentar la recíproca necesidad de que en junio próximo, hoy por ti mañana por mí, vamos a protegernos ya que pintan bastos. Aunque la desmemoria juegue a nuestro favor.

Ya está la oposición socialista -muy digna y consecuente su presupuestaria enmienda a la totalidad- pidiendo luz y taquígrafos. Este es un caso en el que por razones aplastantes no puede mirar hacia otro lado. Al contrario, ha de intentar llegar al fondo, debe fiscalizar con máximo rigor ya que la adjudicación de un servicio público de tanta sensibilidad no puede ser despachada en medio de tantas suspicacias.

Y es que, más allá de los vericuetos y las tentaciones, de las apariencias y las realidades, las dudas y las certidumbres, los destinatarios de dicho servicio, los sufridos pacientes y contribuyentes, se merecen un respeto.