Después de aquel revés para los promotores y para los redactores, en forma de ventana que se abría y esclarecía el panorama a numerosos propietarios que se sentían considerablemente perjudicados; después de aquella decisión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) que, teóricamente, pretende preservar los intereses generales del municipio, el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, una vez devuelto, será sometido de nuevo, el próximo martes, a la aprobación del pleno del Ayuntamiento en medio de una lógica expectativa social, de una notoria incertidumbre y de una considerable tormenta política interna en algunos de los grupos políticos que han de fijar su posición. Hubo que rehacer el Plan en gran medida y ahora, tras el paso por el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, con evidentes prisas que no convencen a nadie y sin tiempo material para que haya un estudio más detenido, las vísperas navideñas mantienen la desazón, ya se verá si al nivel de las protestas ciudadanas de hace unos meses.
En efecto, mientras se sucedían las interpretaciones sobre el alcance de la decisión de la COTMAC y se prolongaba la controversia política, hay que retroceder hasta aquellas manifestaciones populares que pusieron en evidencia no sólo el hartazgo de amplios sectores de la ciudadanía sino el desgaste y el agotamiento del propio gobierno municipal y de quienes habían votado favorablemente la aprobación inicial. En un mandato que ha tenido de todo y no mucho favorable para los actuales responsables de ese gobierno, la determinación hacía sonar los timbres de alarma en los estados mayores de los partidos, en los cenáculos, en los foros de opinión y en los últimos núcleos donde se marca el camino a seguir a la espera de que escampe y surja otro asunto que minimice los impactos. El nuevo PGO, tan necesario según opinión generalizada, se quedó solo y cuasi apestado; parecía no gustar ni a quienes lo concibieron y lo aprobaron.
La figura ‘fuera de ordenación’ suscitaba entonces una fuerte contestación e impregnaba de mayor incertidumbre el devenir del Plan que se adivinaba largo y proceloso. Que el informe de la COTMAC haya constatado ciento setenta y tres errores materiales y registrado ciento ochenta y siete reparos revela que, o se pretendía poco menos que una revolución urbanística o la redacción estaba plagada de imprecisiones y precipitaciones, dejando el campo llano para que los discrepantes, más o menos asistidos de razón, pudieran expresarlo, no sólo desde el ángulo de los perjuicios sino de las sospechas. Entre las voces críticas, se sigue insistiendo en que aún quedan cien mil ciudadanos fuera de ordenación.
Pues parece que quienes restaban importancia a esa figura o creían que podía manejarse a conveniencia, van a tener que replanteárselo según los razonamientos del órgano que frenó la aprobación del PGO santacrucero. Se habla -reiterando posiciones expuestas en antecedentes registrados en la propia capital y otros municipios insulares- de la imposibilidad de reconstruir la edificación o instalación en las mismas condiciones que las existentes y de la inadmisión, en esos inmuebles fuera de ordenación, de obras de consolidación. En cifras de afección, siempre con la provisionalidad que hay que manejarlas y a la espera de incorporar las alegaciones al documento final, unas dos mil fincas en diez distritos de Santa Cruz y casi cien mil vecinos. Parecen muy altas.
Alguien -¿o nadie?- pedirá responsabilidades. La elaboración del Plan conllevó unos gastos. Las determinaciones de la COTMAC entrañan un valor que, independientemente del carácter técnico, tienen su lectura política por las repercusiones. La situación interna de los grupos políticos revela, cuando menos, muchas incógnitas. Se está demasiado cerca de la cita electoral como para refugiarse de nuevo en la desmemoria. Desde luego, quienes aún vean la botella medio llena tendrán que rebuscar argumentaciones sólidas porque, con lo ocurrido, persuadir a la ciudadanía que en su momento dijo basta y ha agotado una de las vías para su negativa, no va a ser una estrofa murguera fácil de memorizar.
En efecto, mientras se sucedían las interpretaciones sobre el alcance de la decisión de la COTMAC y se prolongaba la controversia política, hay que retroceder hasta aquellas manifestaciones populares que pusieron en evidencia no sólo el hartazgo de amplios sectores de la ciudadanía sino el desgaste y el agotamiento del propio gobierno municipal y de quienes habían votado favorablemente la aprobación inicial. En un mandato que ha tenido de todo y no mucho favorable para los actuales responsables de ese gobierno, la determinación hacía sonar los timbres de alarma en los estados mayores de los partidos, en los cenáculos, en los foros de opinión y en los últimos núcleos donde se marca el camino a seguir a la espera de que escampe y surja otro asunto que minimice los impactos. El nuevo PGO, tan necesario según opinión generalizada, se quedó solo y cuasi apestado; parecía no gustar ni a quienes lo concibieron y lo aprobaron.
La figura ‘fuera de ordenación’ suscitaba entonces una fuerte contestación e impregnaba de mayor incertidumbre el devenir del Plan que se adivinaba largo y proceloso. Que el informe de la COTMAC haya constatado ciento setenta y tres errores materiales y registrado ciento ochenta y siete reparos revela que, o se pretendía poco menos que una revolución urbanística o la redacción estaba plagada de imprecisiones y precipitaciones, dejando el campo llano para que los discrepantes, más o menos asistidos de razón, pudieran expresarlo, no sólo desde el ángulo de los perjuicios sino de las sospechas. Entre las voces críticas, se sigue insistiendo en que aún quedan cien mil ciudadanos fuera de ordenación.
Pues parece que quienes restaban importancia a esa figura o creían que podía manejarse a conveniencia, van a tener que replanteárselo según los razonamientos del órgano que frenó la aprobación del PGO santacrucero. Se habla -reiterando posiciones expuestas en antecedentes registrados en la propia capital y otros municipios insulares- de la imposibilidad de reconstruir la edificación o instalación en las mismas condiciones que las existentes y de la inadmisión, en esos inmuebles fuera de ordenación, de obras de consolidación. En cifras de afección, siempre con la provisionalidad que hay que manejarlas y a la espera de incorporar las alegaciones al documento final, unas dos mil fincas en diez distritos de Santa Cruz y casi cien mil vecinos. Parecen muy altas.
Alguien -¿o nadie?- pedirá responsabilidades. La elaboración del Plan conllevó unos gastos. Las determinaciones de la COTMAC entrañan un valor que, independientemente del carácter técnico, tienen su lectura política por las repercusiones. La situación interna de los grupos políticos revela, cuando menos, muchas incógnitas. Se está demasiado cerca de la cita electoral como para refugiarse de nuevo en la desmemoria. Desde luego, quienes aún vean la botella medio llena tendrán que rebuscar argumentaciones sólidas porque, con lo ocurrido, persuadir a la ciudadanía que en su momento dijo basta y ha agotado una de las vías para su negativa, no va a ser una estrofa murguera fácil de memorizar.
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