Suerte que somos un Estado de derecho y se supone que los resortes que lo hacen funcionar, por muy lentos y por muy condicionados que estén, terminarán haciéndolo, siquiera para seguir creyendo en algo, para no arrojar la toalla ante tanto desatino, ante tanto capricho, ante el descarado favoritismo y ante tanto pasotismo como se suele apreciar en muchas decisiones de órganos ejecutivos de instituciones o administraciones públicas.
Suerte que Canarias forma parte de ese Estado y que algún día serán resueltos -en sede judicial, por supuesto- asuntos como esos concursos públicos que, por fas o por nefas, generan una notoria controversia a poco que se escarbe en las determinaciones de mesas de contratación o de órganos facultados, sobre todo en su fase procedimental. Eso sí: no hay que hacerse muchas ilusiones en cuanto a perspectivas temporales ni que las últimas decisiones sean las definitivas. En la tierra donde tocan el tambor y la gente se mueve, todo es posible, todo.
Es el caso del concurso convocado en su día por el Gobierno de Canarias para la adjudicación de licencias de emisión en el sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT). Lo de siempre: unas bases, unos requisitos, unos plazos... Hay que evaluar y hay que optar, lo que significa que algunos de los concursantes quedan excluidos, hecho que conllevaba prácticamente el cierre o la desaparición del canal emisor al quedar suprimido lo que se conocía por campo analógico. Por supuesto, estos excluidos y disconformes con el fallo han seguido la vía jurisdiccional correspondiente recurriendo para no quedar relegados al olvido.
Y he aquí que cuando se creía que la jungla iba a tener luz de TDT -miren que se habló de excelencias de todo tipo para cualificar, qué ilusos, el sombrío panorama de las televisiones locales-, surge el problema, sorpresivamente, con los adjudicatarios y con los que no lo son. El Gobierno de Canarias, tan celoso con el cumplimiento de las bases del concurso, no ha estado igual de sensible ni vigilante con lo que ha acaecido después, cuando se ha comprobado que algunos canales ni de lejos cumplían con lo que se les exigía legalmente -uno de ellos ha estado incluso largo tiempo en negro, o sea, cerrado- y otros, en manifiesta y flagrante infracción, ocupan una frecuencia sin permiso de ningún tipo y emiten a sus anchas sin que ninguna autoridad competente interfiera, llame la atención o haga una mínima declaración pública para salvar lo que pueda quedar de creíble en la jungla a la que llegaron con voluntad, dicen, de regular y poner fin, sin exageración, a tan colosal desbarajuste. Será que prefieren seguir pescando en río revuelto, en otras palabras, influyendo y sesgando, que en eso han demostrado ser auténticos expertos.
Así las cosas, si ya los canales de televisión locales andaban en tela de juicio por razones extrajudiciales, ahora, con este embrollo que se agravará por la cercanía de las elecciones autonómicas y locales, se acentúa la incertidumbre, de modo que, en vez de tener estructura y emisiones estables, o lo que es igual, empresas mínimamente consistentes y profesionales aptos para cumplir con los deberes de informar, formar y entretener, nos encontramos ya con señales devaluadas y depauperadas, distorsionadas y alejadas de principios básicos que pudieron haberlas alumbrado: proximidad, pluralismo, servicio… Al contrario, en esa jungla (donde se desaprende, según feliz expresión de un crítico televisivo), la tendencia -con honrosas excepciones- es que proliferen la desinformación, las ilegalidades, la manipulación desorbitada, las zancadillas, los chantajes, los desafueros, los servilismos, los absurdos, los insultos, los gritos y la sinrazón.
Y suerte que, además de en la jungla, andamos en un Estado de derecho.
Suerte que Canarias forma parte de ese Estado y que algún día serán resueltos -en sede judicial, por supuesto- asuntos como esos concursos públicos que, por fas o por nefas, generan una notoria controversia a poco que se escarbe en las determinaciones de mesas de contratación o de órganos facultados, sobre todo en su fase procedimental. Eso sí: no hay que hacerse muchas ilusiones en cuanto a perspectivas temporales ni que las últimas decisiones sean las definitivas. En la tierra donde tocan el tambor y la gente se mueve, todo es posible, todo.
Es el caso del concurso convocado en su día por el Gobierno de Canarias para la adjudicación de licencias de emisión en el sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT). Lo de siempre: unas bases, unos requisitos, unos plazos... Hay que evaluar y hay que optar, lo que significa que algunos de los concursantes quedan excluidos, hecho que conllevaba prácticamente el cierre o la desaparición del canal emisor al quedar suprimido lo que se conocía por campo analógico. Por supuesto, estos excluidos y disconformes con el fallo han seguido la vía jurisdiccional correspondiente recurriendo para no quedar relegados al olvido.
Y he aquí que cuando se creía que la jungla iba a tener luz de TDT -miren que se habló de excelencias de todo tipo para cualificar, qué ilusos, el sombrío panorama de las televisiones locales-, surge el problema, sorpresivamente, con los adjudicatarios y con los que no lo son. El Gobierno de Canarias, tan celoso con el cumplimiento de las bases del concurso, no ha estado igual de sensible ni vigilante con lo que ha acaecido después, cuando se ha comprobado que algunos canales ni de lejos cumplían con lo que se les exigía legalmente -uno de ellos ha estado incluso largo tiempo en negro, o sea, cerrado- y otros, en manifiesta y flagrante infracción, ocupan una frecuencia sin permiso de ningún tipo y emiten a sus anchas sin que ninguna autoridad competente interfiera, llame la atención o haga una mínima declaración pública para salvar lo que pueda quedar de creíble en la jungla a la que llegaron con voluntad, dicen, de regular y poner fin, sin exageración, a tan colosal desbarajuste. Será que prefieren seguir pescando en río revuelto, en otras palabras, influyendo y sesgando, que en eso han demostrado ser auténticos expertos.
Así las cosas, si ya los canales de televisión locales andaban en tela de juicio por razones extrajudiciales, ahora, con este embrollo que se agravará por la cercanía de las elecciones autonómicas y locales, se acentúa la incertidumbre, de modo que, en vez de tener estructura y emisiones estables, o lo que es igual, empresas mínimamente consistentes y profesionales aptos para cumplir con los deberes de informar, formar y entretener, nos encontramos ya con señales devaluadas y depauperadas, distorsionadas y alejadas de principios básicos que pudieron haberlas alumbrado: proximidad, pluralismo, servicio… Al contrario, en esa jungla (donde se desaprende, según feliz expresión de un crítico televisivo), la tendencia -con honrosas excepciones- es que proliferen la desinformación, las ilegalidades, la manipulación desorbitada, las zancadillas, los chantajes, los desafueros, los servilismos, los absurdos, los insultos, los gritos y la sinrazón.
Y suerte que, además de en la jungla, andamos en un Estado de derecho.
1 comentario:
Y lo malo, amigo, es que asumimos, sin rubor alguno -salvo las honrosas excepciones-, aquello de "todos son iguales" y nos quedamos tan anchos (o panchos, que tanto monta).
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