COBERTURA SOCIAL

Termina el año con una buena noticia para el municipalismo. Bueno, más bien para muchos profesionales de lo social y para muchos destinatarios de los programas de prestaciones básicas. El Gobierno de Canarias y la Federación canaria de Municipios (FECAM) han firmado el acuerdo que les liga en nuevo Plan Concertado de Servicios Sociales. La satisfacción no es completa teniendo en cuenta que algunos programas no tienen cobertura plenamente garantizada o se verá sensiblemente disminuida pero el acuerdo global alcanzado tranquiliza y permite afrontar el nuevo año con cierta seguridad en este campo.

Y es que el agobio de los ayuntamientos había crecido hasta límites de insostenibilidad que podrían materializarse de no haberse producido el necesario entendimiento del ejecutivo con la federación municipalista. Alcaldes y concejales de servicios sociales, con una inevitable convergencia de contenidos en los informes técnicos correspondientes, no ocultaban su incertidumbre, entreotras cosas, porque es fácil colegir que son quienes primero y de forma más directa reciben las demandas de los ciudadanos nececitados.

El nuevo Plan prevé la atención a unas trescientas mil personas, en tanto que unos dos mil trescientos profesionales dependientes de los departamentos de los ayuntamientos canarios, sobre los que pesaba la sombra de la interrupción de su relación laboral o profesional si no había recursos, podrán seguir trabajando, aparentemente de forma estable.

Lo importante es que el acuerdo tenga la consistencia suficiente para no sufrir alteraciones ni nuevas incertidumbres teniendo en cuenta que 2011 es un año electoral. Los alcaldes saben -o deben saber- que estos recursos hay que administrarlos con mucho celo. Primero, por escasos o ajustados. Luego, por su propia finalidad. No es cuestión de estar despilfarrando ni gastando más allá de las mínimas previsiones que hay que hacer en el horizonte temporal: las nuevas corporaciones quedarán constituidas el próximo mes de junio y para entonces hay que disponer de la seguridad económico-financiera que favorezca la continuidad de las prestaciones. A propósito: que anden atntos los munícipes responsables pues no es cuestión de perder o renunciar a subvenciones por negligencia o descuidos.

Sobre todo, porque pese al acuerdo firmado, del que hay que congratularse, no impide los recortes y las reducciones en programas con la atención a las drogodependencias, los de apoyo a los discapacitados, los planes de mediación y orientación familiar y hasta las escuelas infantiles municipales.

O lo que es igual: en recesión andamos y en ella, al menos en estas metraias, seguiremos.