martes, 13 de agosto de 2013

CHIVATOS, DELATORES

Gibraltar para entretener, Olli Rehn (encima, apoyándose en Bob Dylan) y el FMI para fastidiar a los trabajadores, fin de la cita como canción del verano y el fútbol de competición que se asoma aun cuando todavía algunos no sepan en qué categoría van a jugar, pasatiempos del estío. Pero está discurriendo inadvertido uno que, bien mirado, nos devuelve a la pandereta nunca perdida del todo, nos retrotrae a aquellos tiempos en que se llamaba acusicas o acusetas a los escolares que llevaban cosas a la señorita o al maestro; y chivatos o chulos de la Guardia Civil a quienes delataban ante el cuerpo policial algún comportamiento ni siquiera delictivo pero que se consideraba indecoroso o lesivo para ciertos intereses, cuando no, desafecto para la causa.
            Es el buzón de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Un buzón electrónico para denunciar -dicen que de forma anónima: permitan dudarlo- conductas fraudulentas en el ámbito laboral. O sea, que por inspiración ‘bañezca’, surge la figura del policía laboral. O la del espía. Grande, ministra. O sea, que no hay mejor método para luchar contra las irregularidades que traspasar la papeleta a los ciudadanos, a los desempleados y a quienes no lo están también, para advertir de posibles irregularidades o infracciones. Convertirles en delatores potenciales de sus vecinos, amigos y hasta de familiares que sospechen de algún aprovechamiento. Cabe dudar, desde luego, de los precedentes de esta iniciativa en democracia y de las bases jurídicas que puedan sustentarla. Y más: que sea un procedimiento apropiado para el desenvolvimiento de una sociedad avanzada. Nos creíamos que con las máquinas y las tecnologías avanzadas bastaba. Se ve que no cuando recurren a este método.
            Tamaña ocurrencia, desde luego, no parece seria y quizá por eso mismo no ha sido esgrimido hasta ahora por las centrales sindicales como factor para calentar el otoño que viene. Que sepamos, la legislación reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es tajante a la hora de no da cobertura a la tramitación de denuncias anónimas referidas a un presunto fraude o a algún incumplimiento de normativa laboral. Los expertos laboralistas que han expresado su opinión alertan del desastre que se avecina, con una colisión evidente entre los propios inspectores -de cuya competencia y capacidad parece que se duda, cuando lo lógico sería fortalecer sus medios- y los mismos ciudadanos. Hasta el principio de la presunción de inocencia parece que entra en riesgo con este sistema.
            De todos modos, que lo traten de poner en marcha quienes ofrecieron aquella explicación del despido en diferido de un tesorero, no deja de ser paradójico, otro toque de la pandereta esa que suena a rancia animación veraniega.


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