“La Mancomunidad del Valle no es ningún fósil” pretendía ser algo más que una frase
de titular, publicado hoy hace treinta años en la primera página de “Jornada
Deportiva”. Era el pensamiento principal con el que accedíamos a la
presidencia: el entusiasmo, las ganas de hacer cosas en aquella entidad
supramunicipal nacida a mediados de los años sesenta en un intento de mejorar
la prestación de dos servicios básicos en la vida del valle de La Orotava de
entonces: la recogida y eliminación de los residuos sólidos y la atención
sanitaria desde las casas de socorro, lo que hoy serían los centros de salud de
atención primaria.
En aquellos
días de agosto de 1983, dimos los primeros impulsos, uno de los cuales, por
cierto, estaba orientado a la reincorporación del ayuntamiento de Los Realejos
que había abandonado la Mancomunidad durante el primer mandato, al entender sus
gestores que costaba demasiado para lo que realmente resolvía. Era una señal
clara de lo que siempre ha faltado en la institución supramunicipal: una
cultura específica sobre su funcionamiento, más participación, más visión de
futuro y mayor solidaridad. De hecho, esas carencias se han mantenido, han
latido -salvo honrosas excepciones- durante años y han frenado los nobles
intentos de revitalizar aquélla para cohesionar las vecindades respectivas y
abaratar, en la medida de lo posible, la prestación de servicios.
Nos
correspondió, mandato 1999-2003, una segunda presidencia de la Mancomunidad del
Valle de la Orotava. Se había consolidado la integración de Santa Úrsula y se
había materializado la reincorporación de Los Realejos. Era necesario
actualizar los estatutos y se avanzó en ese sentido. Quedaron sentadas las
bases: ahora se trataba de acreditar voluntad política y llevar a cabo
decisiones que, políticamente, hicieran ver a la población que la entidad podía
prestar unos servicios beneficiosos. La democracia había madurado y las
corporaciones locales parecían disponer de un espíritu más aperturista, más
constructivo en ese sentido. Y lo que es más: en determinado momento (1995) los
alcaldes eran del mismo color político, lo que, supuestamente, facilitaba las
cosas a la hora de entenderse y plasmar acuerdos.
Hasta
nuestros días, cuando todo parece condicionado a la suerte que definitivamente
corran las mancomunidades de servicios en la nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada ya por el Gobierno y
pendiente de la tramitación parlamentaria que hace augurar, cuando menos, una
gran controversia a la vista de los disensos registrados durante la negociación
del primer texto que contó, recordemos, con serios reparos del Consejo de
Estado.
Los
responsables actuales de las corporaciones del valle representadas en el órgano
ejecutivo mantuvieron, durante la primera parte del presente mandato, varias
sesiones de trabajo con el fin de plasmar algunas soluciones, incluso
experimentando en áreas como transportes, cultura o fiestas. Pero paralizaron
sus afanes a la espera de saber qué pasaba con la nueva norma. Por cierto, el
secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, declaró en
su momento que la intención del Gobierno era suprimir todas las mancomunidades
de servicios y que serían las diputaciones (no dijo nada sobre los cabildos)
las que asumirían las competencias de los municipios que no cumplieran lo
establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Y ahí se ha
quedado, a la espera, claramente, de despejar las incertidumbres y las
incógnitas de la nueva Ley. Que no son pocas. De todos modos, no hay que
hacerse muchas ilusiones con el futuro: superado el ecuador del mandato, a los
munícipes interesa mucho más la ejecución del presupuesto y la culminación de
algunas actuaciones, principalmente a quienes tengan planes de volverse a
presentar en candidaturas locales. Aun así, deberían reflexionar, deberían
avanzar teóricamente en planteamientos de futuro. Se apruebe la ley o no en los
términos inicialmente redactados, el ámbito local va a experimentar una
sustancial transformación en los próximos años y la misma requerirá de ideas y
de una alta capacidad de gestión.
Aunque ahora
no se haga nada, por las limitaciones presupuestarias, por temor a la
impopularidad o porque conviene seguir ceñidos a la política de campanario, al
menos que sienten otras bases. Porque algunos debates, que algunas conclusiones
deben aportar, como la reordenación del territorio o las dotaciones comarcales,
van a efervescer.
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