Ya se verá si en el otoño caliente que se avecina tiene un
papel destacado la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local. No sería nada bueno, a la vista de
las dificultades con que fue parida en el Consejo de Ministros y de las
divergencias que aún separan a los principales partidos políticos, que fuera
utilizada como táctica recurrente, esto es, que sirviera para calentar el
ambiente o como válvula de escape de alguno de los asuntos que tensan el
controvertido marco de la política nacional. Hemos superado el ecuador del
mandato, los alcaldes y concejales que aspiran a la reelección saben que deben
dedicar buena parte del tiempo a la proyección de su trabajo y, por
consiguiente, abordar con superficialidad y condicionadas por los apremios e
intereses del momento, las materias que, en el ámbito de la normativa local,
aún siguen pendientes de negociación y concreción política, puede ser muy
contraproducente.
El Partido
Popular se siente confiado en la ancha peana de su mayoría absoluta en las
Cortes. La oposición socialista y los grupos parlamentarios minoritarios ya han
expresado su disconformidad general con el texto aprobado por el ejecutivo y,
en consecuencia, es de esperar que se hagan notar en el período de tramitación
de enmiendas. Ahora mismo, tal como están las cosas, es difícil vaticinar si la
nueva Ley entrará en vigor en el curso del presente mandato, o lo que es igual,
si todos acuden a los próximos comicios locales bajo el paraguas de esta misma
norma y para contrastar, en definitiva, si ha cambiado algo para que todo
siguiera igual.
De momento,
algunos municipalistas se dan por satisfechos con haber frenado algunas
intenciones del Gobierno. Así lo ha manifestado recientemente el presidente de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el popular Iñigo de
la Serna, alcalde de Santander. Ni la supresión de municipios, ni la reducción
de un número de ediles que podía alcanzar el treinta por ciento, ni la
intervención de municipios de menos de
cinco mil habitantes serán medidas consignadas en el articulado de la norma.
Pero aun
así, el municipalismo debe seguir siendo beligerante con otros hechos, como por
ejemplo, la privatización de los servicios sociales. En el caso canario,
también está pendiente de consolidar el espacio y el papel de los cabildos
insulares, sorprendentemente desaparecidos del texto original.
Las cautelas del presidente de la FEMP son,
pues, absolutamente naturales, pese a los avances y acercamientos que, al final
de una primera etapa negociadora, se registraron. Pero se siguen apreciado
flancos críticos: la clarificación de competencias está en veremos; las
duplicidades aún flotan; se está lejos aún de la simplificación de la
estructura de la administración local y, por supuesto, los problemas de
financiación de los ayuntamientos siguen latentes.
Es
destacable que, a lo largo de los últimos años, las medidas de contención del
gasto en el ámbito de personal o de eliminación de entidades empresariales, por
ejemplo, hayan propiciado un ahorro del
9% en el sector público local. O que más del 80% de los cargos electos no
perciban ningún tipo de retribución, lo que pone de manifiesto que no es en lo
local donde se concentra el excesivo gasto que se le atribuye.
De ahí la
importancia de lo que aún resta por concretar a la espera del texto definitivo.
Lo ideal sería una Ley avanzada que robustezca la autonomía municipal, que
impulse los intereses generales en el nuevo marco que ha de emprender la
Administración local y que favorezca a los ciudadanos, de modo que no tengan
que pagar servicios más caros y menos eficientes, como desgraciadamente ya se
ha puesto de relieve con algunas prestaciones.
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