Ahora resulta que
comerciantes e industriales de la zona centro del Puerto de la Cruz han
denunciado al Ayuntamiento por un un supuesto cobro indebido de las tasas por
ocupación de la vía pública. Se quejan de no haber sido avisados del incremento
-se supone que aprobado por el pleno de la corporación- y de que, en algunos
casos, tal aumento triplica el importe del ejercicio anterior. Puede que las
discrepancias terminen judicializándose. Contencioso ‘habemus’.
Puede no, seguro, si tenemos en cuenta las
manifestaciones públicas de los afectados y de su representación legal: fue el
propio gobierno local (CC+PP) el que, según dicen, reconoció su error y les
animó a presentar una impugnación que luego terminó rechazando, apoyándose en
las disposiciones de la nueva Ley de pago a proveedores. Con las liquidaciones
en la mano, los afectados disconformes parecen dispuestos a agotar las vías a
su alcance con tal de no abonar las cantidades cursadas.
Como con otros casos, volvemos al pecado original. Es
decir, el problema surge cuando hay un exceso de permisividad en la ocupación
de calles o terrazas, pese a la existencia de una ordenanza reguladora que
seguro estaba desfasada, de acuerdo, y era preciso actualizarla. Entre este
propósito y su materialización, las vías se poblaron de todo: cafeterías y
restaurantes, principalmente, expandieron su área de negocio. Hemos escrito
varias veces sobre el particular y cuando hemos comprobado ‘in situ’ (ejemplo,
avenida Colón) el alcance de esa ocupación, no ha habido más remedio que hablar
de auténtica anarquía y de auténtico abuso. Casi una jungla, sin exageraciones,
en la que era y es difícil transitar, uno de los encantos que brinda la
geografía urbana de la ciudad.
Se dejó y se dejó -como siempre, refugiándose en la crisis
y a ver si damos vida a esto- hasta que la situación obligó a la adopción de
medidas que, teóricamente, limitaban y regulaban, al tiempo que modificaban
tipos fiscales. Los empresarios creyeron que esto no iba con ellos o que las
repercusiones no iban a ser gravosas. Ahora ya, con las diferencias visibles
públicamente, no solo es tarde sino que será más complicado encontrar una
salida satisfactoria.
Errores de forma y
falta de comunicación o negociación al
margen, el problema tiene unas aristas apreciables: el gobierno municipal,
viéndose desbordado y con tantas quejas acumuladas, probablemente utilizó la
ordenanza fiscal para disuadir a quienes ya disponían en la calle de un segundo
local. Trataba de mitigar el impacto. Es un criterio respetable que, en todo
caso, necesitaba de explicación. Pues miren lo que ha conseguido: que el
Ayuntamiento esté envuelto en un nuevo pleito. Lo de menos es que lo gane; lo
importante es el tiempo en que tardará en ser resuelto. Sobre todo, por la
aparente diferencia interna entre las concejalías competentes. Y porque, a la
espera de una resolución o de una nueva redacción de la ordenanza reguladora,
los comerciantes e industriales querrán mantener los ‘niveles’ que han ido
cosechando, sin perjuicio de alguna otra medida que, en señal de protesta, ya
han anunciado, como el cierre durante una jornada de esos espacios ganados a
las peatonales y a algunas que no lo son también.
En medio de la jungla, por cierto, alguien se ha acordado
del Consejo Sectorial de Comercio como órgano en el que tratar y debatir esta
controversia en busca de alguna solución. Pero ¿a qué no suena bien en el
gobierno local la música de la participación ciudadana?
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