En Baleares se lo están
pensando. La capacidad de carga turística es un hecho preocupante. Un reportaje
bien documentado y sin tremendismos en un informativo televisado de días
pasados pone al desnudo los efectos de la masificación turística sobre el
territorio y el medio ambiente. O sea, que detrás de los récords de visitantes,
del impacto económico y de los socorridos puestos de trabajo, hay unas
consecuencias no tan positivas que ponen en riesgo el propio destino.
Carreteras
desbordadas, carencia de aparcamientos, dificultades de accesibilidad,
infraestructuras y servicios insuficientes, comportamientos humanos
inadecuados, destrucción de suelo o aprovechamiento descontrolado e indebido,
deterioro de espacios, degradación… el panorama, desde luego, es inquietante.
¿Hasta
dónde pueden soportar los territorios, las ciudades y los pueblos la presión
derivada del turismo convertido prácticamente en medio de vida o principal
sostén productivo? La investigadora colombiana Paula Álvarez, vinculada a la
firma Corporación Proyecto Patrimonio, estima
que el concepto capacidad de carga, desarrollado inicialmente en el campo de la
ecología, “es hoy en día una herramienta de gran utilidad para el manejo de
visitantes y la evaluación de los impactos que causa la presencia humana sobre
los sitios patrimoniales y áreas protegidas”. A partir de las dimensiones del
concepto, ha sido posible elaborar modelos y metodologías, encaminadas,
teóricamente, a la sostenibilidad.
La misma autora señala que “las metodologías que se aplican
al evaluar la capacidad de carga hacen posible, entre otras cosas, comprender
los valores que definen los sitios patrimoniales y las áreas protegidas;
detectar los conflictos, problemas y riesgos que les afectan; establecer los
indicadores y estándares que permiten alcanzar condiciones óptimas;
caracterizar y evaluar la visita; y definir las estrategias de manejo y
monitoreo que aseguren la conservación de los sitios”.
Se dirá entonces que la clave del asunto es la
planificación. Un desarrollo turístico mal planificado o irrespetado por
perversos intereses de todo tipo termina generando acusados efectos negativos
sobre el medio, natural o social. Es difícil, en ese contexto, deslindar culpas
o responsabilidades pero desde las normativas y planes de ordenación que hay
que elaborar hasta su cumplimiento, las administraciones públicas y los agentes
sociales tienen que esmerarse, so pena de acabar, a la larga, con lo que da de
comer.
En Baleares ya ven las orejas al lobo. En Canarias, con la
controvertida Ley del Suelo, aún en fase de gestación, debemos estar atentos,
tan dados que somos a los potentes efectos deslumbrantes.
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