Hace
menos de un mes, el diario El País,
previa información a sus lectores, dejaba de publicar anuncios de
contactos, de servicios sexuales o de relax. Se trata de una decisión
respetable que, probablemente, será seguida por otros medios que se
ven privados de una fuente de ingresos que, hace unos años, por
cierto, llegó a ser muy copiosa. Ahí se planteaba una suerte de
contradicción, una especie de pugilato: reivindicación constante,
con diversa profusión de tratamientos, especialmente en ocasión de
fechas señaladas, de la dignidad de la mujer, de la igualdad y de
los valores femeninos, frente a la oferta, sin adjetivaciones, de la
degradación y de la subsistencia con el cuerpo como único recurso.
Era,
o es, un debate ético resuelto en el citado periódico con la
supresión de un escaparate. Una decisión basada en la
defensa de los derechos de la mujeres, titulaba
al dar cuenta de la determinación editorial, fundamentada en las
propias quejas de sus lectores. Es difícilmente compatibilizar
informaciones o mensajes que resumen condena o dignidad con páginas
donde se anuncia el consumo de sexo, invitando, por tanto, a
mercadear y a fomentar las prácticas que, salvo excepciones,
agrandan el negocio que tantos aspectos turbios ha ofrecido y ofrece.
Cierto
que la prostitución no es ilegal en nuestro país pero algunas
modificaciones han puesto de relieve que un problema como la trata de
seres humanos merece el rigor de la penalización. Este dato aportado
por el mismo periódico, el rescate de cuatro mil trescientas
víctimas de la explotación sexual en el quinquenio 2012-16, es
revelador de la complejidad del fenómeno.
A
ello hay que añadir el hecho de que una gran mayoría de mujeres
ofrecen su servicios sexuales a partir de una situación de práctica
o real esclavitud. Las noticias de operativos policiales desmontando
tramas y redes en las que figuraban personas de muy distintas
nacionalidades y de distintos grupos de edades inciden en la
globalización del problema y en las dificultades para hallar una
solución eficaz a factores intrínsecos como la trata de personas
para la explotación sexual, la prostitución de menores o el
proxenetismo.
El
País ha cortado por lo sano
después de una profunda investigación en las raíces del problema y
de haber contrastado centenares de estudios y opiniones que
aconsejaban una decisión coherente, no solo con su línea editorial
sino con los comportamientos de una sociedad que encara el porvenir
con necesidad de romper ciertos estereotipos. Esta determinación no
erradica la prostitución y sus derivados pero contribuye a la
dignificación y a la toma de conciencia. Es un paso que alguien
debía dar. Lo ha hecho, además, en la dirección adecuada y ojalá
sirva de modo ejemplarizante. Por encima de todo, la dignidad.
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