Por fin, un dato, no muy contundente pero un dato que es esperanzador para quienes siempre estamos pensando en la preservación y la cualificación democrática, ahora que en nuestro país sigue viéndose amenazada. De una encuesta llevada a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se desprende que para un 68 % de los ciudadanos, las ‘fake news’, los bulos y las paparruchas suponen una amenaza para la democracia.
No extrañe pues que la mayoría de los consumidores, el 72 %, exija que los medios de comunicación que publiquen tales falsedades sean sancionados de manera severa. La amplia difusión de tales noticias o informaciones es lo que tiene a mal traer a los ciudadanos. Y que tan alto porcentaje considere que representan una amenaza latente para la democracia es un hecho significativo.
Yendo a la raíz del problema, un 54 % de los encuestados está convencido de que estas noticias son creadas fundamentalmente por agencias de comunicación, a petición de grupos políticos o económicos. Solo el 24 % considera que los organismos reguladores de los medios de comunicación españoles controlan y evitan la publicación de estas informaciones.
Cierto que la percepción de los encuestados es desigual respecto a todos los medios en general. Se concluye que en la radio y, en menor medida, en la prensa, es mucho menos frecuente encontrar informaciones sospechosas de ser bulos. Sería interesante saber cuál es la incidencia de las aportaciones hechas por medios de alcance más reducido que, junto a comunicadores irresponsables de toda laya, largan y largan sin importarles las consecuencias, seguro que porque saben que no las va a haber.
El problema se agrava con el despliegue a las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea que constituyen una vía óptima para divulgar este tipo de informaciones. El descrédito va en aumento. Los consumidores de información lo saben pero, en numerosos casos, parece no importarles: siguen accediendo en un ejercicio intelectual difícil de calificar pero que ronda el masoquismo.
Para siete de cada diez usuarios, el periodismo, actualmente, es menos exigente, certero y ético que en el pasado. Eso explica que un 65 % crea que los periodistas que publiquen, editen o emitan noticias falsas deban ser sancionados. Claro que un 62 % responde que la legislación para controlar eficientemente este fenómeno de nuestro tiempo, cada vez más preocupante, o no existe o es claramente insuficiente.
Los encuestados por la OCU preguntados por la frecuencia con que perciben noticias o informaciones falsas han respondido lo siguiente:
En redes sociales como Facebook y Twitter, el 56 % de los consultados percibe que las han recibido con frecuenta. En aplicaciones (apps) de mensajería como Whatsapp y Telegram, el 49 %, la misma proporción que en la denominada “prensa rosa”. En plataformas de video, como Youtube o Vimeo, hasta un 32 %.
También el 31 % percibe noticias falsas con frecuencia en diarios y blogs online; el 29 % en programas de televisión; el 19 % en informativos de la televisión; el 16 % en diarios y revistas de actualidad en papel y solo el 9 % en informativos de la radios. En cuanto a los dos últimos grupos, el 25 % no ha percibido nunca estas noticias en prensa escrita y revistas y el 36 % % tampoco en informativos de radio.
Se abre el debate entonces: ¿deben ser sancionados los medios y las plataformas que inserten o difundan informaciones falsas? Difícil, pero hay que ser conscientes del daño que el problema está causando y que urge, por tanto, alguna solución. Menos mal que los demócratas están siendo sensibles y sinceros: en un alto porcentaje creen que el sistema, si esto no se corta, corre peligro.
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