En nuestro país ejercen aún unos siete mil quinientos jueces de paz, una figura que tuvo en el pasado un papel destacado en la vertebración de la convivencia en el municipio. En la iniciativa del Ministerio, Plan Justicia 2030, con el que se pretende modernizar la administración de justicia, dimensionarla adecuadamente para consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, aparece como objetivo la reconversión de tales juzgados en Oficinas de Justicia, de modo que, en primer lugar, dispondrían de más competencias, principalmente las concernientes a la mediación. Creen los promotores ministeriales que ello favorecería la vertebración del territorio, en el marco de una filosofía que mucho tiene que ver con acercar el Estado y .los procesos de digitalización a la que se conoce como España vaciada.
El caso es que con medidas como esta sea posible contrastar la calidad de un servicio público, con prestaciones eficaces y ágiles para que la ciudadanía crea en la justicia, entienda mejor su papel como poder público independiente y proporcione todas las garantías posibles hasta hacer mejorar el funcionamiento del Estado de derecho a sabiendas de que ello redundará en una sensible cualificación del propio sistema democrático.
Si se aspira a una óptima organización y coordinación competencial, esta iniciativa ha de ser determinante. Una justicia más accesible y más próxima solo será posible con engranajes que impulsen la eficiencia de los servicios con los que se habrá de dotar la estructura administrativa. Por ejemplo, si se quiere garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio.
El Plan, según fuentes ministeriales, es ambicioso, con un horizonte temporal de diez años. Quiere introducir elementos de coordinación y cooperación en instituciones, además de eliminar solapamientos. Seguro que ésta sería la mejor apreciación de los operadores jurídicos y de los justiciables. La previsión es que para medir y evaluar los rendimientos habrá planes anuales y adaptables, basados en metodologías de análisis y diagnósticos que favorezcan las decisiones racionales y contrastadas.
Y aunque parezca una obviedad aplastante, los procesos de digitalización serán indispensables para contrastar los avances. Escuchamos o leemos con frecuencia las quejas de profesionales referidas a una dispersión tecnológica que no ayuda y que conviene superar para lograr estos objetivos. Si definitivamente se crean esas Oficinas Judiciales, todo dependerá de los recursos de este tipo para que funcionen a plenitud.
Por ejemplo, para consolidar el expediente judicial e integrar las diferentes plataformas de la gestión procesal. Y otro, pensando en la aludida consolidación de derechos y garantías: la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias, de modo que sea posible aliviar las cargas, o lo que es igual, reducir la litigiosidad de juzgados y tribunales. Si todo eso se implanta, igual queda espacio para atender a las víctimas de delitos.
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