Se aproxima
el final de año y hay que referirse a los resultados globales en nuestro país
con el siempre controvertido asunto de las migraciones. Desde un punto de
vista, 2025 pasará a la historia para muchos por ser
el año en que España llevó al BOE una solución para los niños y adolescentes
que migran solos, aunque luego su puesta en marcha se ha visto enturbiada por
la batalla política y el pulso de las comunidades autónomas al Gobierno.
Un
año en el que la gestión de la inmigración ha ocupado buena parte del debate
político, con un partido político, Vox, que ha vuelto a hacer del discurso
contra la inmigración su bandera y otra organización, Partido Popular (PP), que
ha endurecido significativamente sus mensajes y sus propuestas en la materia.
No
olvidemos, con Laura López, de la agencia Efe, que ha sido el año en el que el
Supremo dio un tirón de orejas al Gobierno para que asuma la tutela de los
menores solicitantes de asilo, pero también el de los disturbios racistas de
Torre Pacheco (Murcia) y el que se cierra con el desalojo sin solución
alternativa de 400 personas que ocupaban un edificio en Badalona (Barcelona).
El Tribunal
Supremo dio un tirón de orejas al ejecutivo. En marzo pasado, en efecto, ordenó que acogiera
con recursos propios a todos los menores migrantes no acompañados solicitantes
de asilo que atendía Canarias, medida cautelar que había solicitado el
archipiélago. El alto tribunal dio 10 días al Gobierno para cumplir esta misión
pero no fue hasta el pasado 21 de noviembre y después de dos avisos más que el
Ejecutivo dio por completado el requerimiento tras acoger a alrededor de 700
niños y adolescentes, en su mayoría procedentes de Mali que han huido solos de
conflictos armados, el hambre y la crisis climática. Según el despacho de Efe,
Las llegadas irregulares representan una parte muy pequeña de la migración del
país -el 94 % de extranjeros entran a España por vía regular-, pero ocupan una
parte importante del debate y la gestión migratoria.
Veamos
lo que sucede en Canarias. Tras un 2024 de récord de llegadas por vía marítima,
este 2025 han accedido al país de forma irregular 35.935 personas según el
último balance del Ministerio del Interior, con datos hasta el 15 de diciembre,
lo que supone un descenso general del 40,4 %, con una caída del 59,9 % en el
caso de Canarias.
Al
archipiélago han llegado 17.555 migrantes. Según datos de Acnur, hasta el
pasado 30 de noviembre. 416 personas han desaparecido o fallecido tratando de
llegar a Canarias en 2025. La ONG Caminando Fronteras eleva esta cifra a 1.482
víctimas solo hasta mayo en su último recuento.
La
menor presión en esta ruta, los primeros traslados de menores a otras
comunidades a través del real decreto ley y la derivación de solicitantes de
asilo por orden del Supremo han contribuido a que los centros de menores de las
islas hayan comenzado a vaciarse, aunque siguen saturados: Canarias ha pasado
de tutelar 5.566 a principios de año a 4.506 a finales de 2025.
También
hay que consignar que 2025 ha sido el
año de la gran reforma del reglamento de extranjería del Gobierno, con medidas
favorables para los migrantes como la flexibilización de la figura del arraigo
pero también efectos adversos para los solicitantes de asilo, un aspecto muy
criticado que ha llevado a algunas ONG a recurrir la norma ante el Tribunal
Supremo.
¿Cuál es el
panorama fururo? Para el 2026 queda pendiente que el
Gobierno apruebe el Plan de Convivencia e Integración Intercultural, que
anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en octubre de 2024.
Igualmente,
siempre según la versión de la agencia Efe, el Ejecutivo también deberá
culminar la implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que traerá
cambios importantes a nuestra legislación, especialmente en materia de asilo, y
ya ha despertado las suspicacias de muchas entidades sociales ante el riesgo de
una posible regresión en los derechos de los migrantes.
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