Empresarios y profesionales del sector turístico se quejaban amargamente
días pasados, en el curso de un encuentro navideño, de la próxima medida
de la sociedad mercantil o empresa
pública ‘Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea’ (AENA), encargada de la
gestión de los aeropuertos del país, consistente en reorganizar el sistema de
aparcamientos y la estancia de guaguas en las infarestructuras aeroportuarias a
partir del próximo mes de enero. La medida se aplicará, inicialmente, en
Tenerife Sur y Lanzarote. Posteriormente, se extenderá de forma progresiva a
Fuerteventura y Gran Canaria hasta 2027. La medida ya ha sido comunicada a las
empresas de transpòrte discrecional que operan en los citados recintos.
AENA la justifica argumentando el aumento del número de
vehículos de transporte discrecional que operan en los aeropuertos canarios en
los últimos años, frente a una disponibilidad de espacio limitada en los
recintos aeroportuarios.
Pues la que se puede armar en el sur, una de las
principales entradas a la isla. Si el malestar y los problemas que se venían
sucediendo a cuenta de la operatividad de los taxis -una cuestión de
competencias administrativas que parece un conflicto de derecho internacional-,
ya han generado trastornos y suscitado quejas de usuarios de alto volumen,
imaginemos la que se va a producir a partir de ahora pues no faltarán quienes
tensen la cuerda con tal de que se eleve el listón de la conflictividad,
alegando, claro, defensa de intereses.
El caso es que, según informa Diario de Avisos, a partir
del 15 de enero, se incorporará un nuevo sistema de control mediante barreras
de acceso y un método de pago previo a la salida. El modelo consignará un
período de cortesía de sesenta minutos para la recogida de pasajeros y, en caso
de superar ese tiempo, la estancia se facturará conforme a la tarifa de
rotación del aparcamiento de usuarios, tasada (en términos generales) en unos
0,08 euros el minuto.
El Gobierno de Canarias ya ha expresado su oposición a
esta medida, anunciando que “intentará evitar su puesta en marcha”. Pero la voz
discrepante más enérgica, es la de la Federación de Empresas de Transporte de
Canarias (FET) que expresó en una comunicado su rechazo frontal a la medida, al
considerar que supondrá un “perjuicio directo” para el subsector y, de forma
indirecta, “para la industria turística del Archipiélago”.
Según la patronal, recoge Diario de Avisos, la aplicación
de esta tasa “podría generar un sobrecoste de hasta 6.000 euros mensuales por
transportista”. Entre los principales argumentos en contra del subsector,
figura la “inexistencia de problemas de espacio” que justifiquen una medida de
este tipo, así como el desajuste entre la hora de cortesía y la operativa real.
A este rechazo se sumó el Círculo de
Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), que advirtió del
impacto que la medida puede tener sobre la competitividad turística del
destino. Su presidente, Javier Cabrera, señaló que el sobrecoste afectará a un
subsector “altamente estacional y cuestionó que la iniciativa responda a
criterios técnicos”.
Las empresas de transporte que operan
de forma habitual en el aeropuerto sureño también han expresado su profundo
malestar. Desde una de las compañías con mayor volumen de servicios en este
ámbito, señalan que “no se oponen a la nueva gestión”, pero advierten de que,
sin una bolsa de espera próxima a la terminal de Granadilla de Abona, la
actividad diaria “se volverá impracticable”.
En fin, el año, turísticamente
hablando, empezará calentito.
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