Una plataforma a la espera de respuestas

 

Pongamos en antecedentes a los lectores.

La Plataforma RTVs Públicas en Lucha se constituyó el pasado 17 de marzo de 2025 en el curso del I Encuentro de Comités de Empresa de Radiotelevisiones Públicas Autonómicas celebrado en Santiago de Compostela. La integran, en la actualidad, los comités de empresa de los medios públicos de comunicación de Galicia (CSAG), Asturias (RTPA), Euskadi (EITB), Catalunya (CCMA), Valencia (À Punt), Andalucía (RTVA-CSRTV), Madrid (Telemadrid), Extremadura (CEXMA), Castilla La Mancha (CMM), Baleares (IB3), Canarias (RTVC) y dos secciones sindicales de CRTVE (CGT y CCOO).

Y ahora señalemos que la Plataforma se mueve. En efecto, los componentes se vienen reuniendo formalmente con los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso de los Diputados para tratar la situación -a su juicio preocupante- que atraviesan los medios públicos de comunicación.

 Los representantes laborales se han manifestado durante el presente mes de diciembre frente a la puerta principal del Congreso, para a continuación mantener las reuniones agendadas con el PSOE, Sumar, Bildu, BNG, Compromís, ERC, Podemos y el PNV. La reunión inicialmente convocada con Coalición Canaria fue pospuesta por cuestiones de agenda de la única diputada de esa formación, Cristina Valido. La plataforma ha intentado también cerrar reuniones con el PP y Junts, pero que sepamos no han respondido a la petición, según fuentes de la Plataforma.

Manipulación y privatización. Estos son los dos hechos que la representación laboral de las plantillas relató ante los representantes parlamentarios expuso sin rodeos. Por un lado, en efecto, lo que consideran “la insoportable manipulación informativa que se practica en las redacciones, derivada de la descarada injerencia política y que vulnera el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz”. También se abordó en las reuniones lo que la plataforma califica de “acelerado proceso de privatización o externalizaciones que padecen estas empresas públicas, cuyas programaciones y servicios se están repartiendo entre el capital privado para satisfacer intereses económicos o ideológicos contrarios a la misión de servicio público que todos los entes tienen encomendada”. Los comités de empresa trasladaron a los grupos políticos demandas concretas para intentar erradicar estas prácticas “que comprometen el presente y el futuro de los medios públicos, fundamentales en democracia, cuya independencia y autonomía es imprescindible de una vez por todas garantizar con actuaciones contundentes”, según un comunicado emitido al término de la jornada. 

Según los participantes en estas reuniones, las formaciones se mostraron receptivas con las cuestiones denunciadas por la plataforma, y propusieron “diversos campos de acción tanto para la implementación en el estado español del Reglamento Europeo de Medios de Comunicación (EMFA) como para intentar garantizar el servicio público de radiotelevisión frente a las privatizaciones”. 

Tras el paréntesis, se aguardan respuestas políticas a las demandas que formulan los representantes de los trabajadores. Se quiere valorar y poner en común las propuestas surgidas en las reuniones, que abarcaron “desde un pacto de Estado en defensa de los medios públicos o una Proposición no de Ley en la Comisión del Congreso para la auditoría de la Calidad Democrática, pasando por otras vías como un posible reglamento que complemente la Ley General de Comunicación Audiovisual, siempre respetando las competencias autonómicas en materia de comunicación”. 

 Los grupos políticos se comprometieron a dar traslado de las necesidades de acción a sus representaciones autonómicas e instar a mociones de apoyo en los municipios y parlamentos autonómicos.

 En fin, una cuestión merecedora de debate y unas conclusiones que deben servir para homogeneizar criterios, respetar las fuentes, propiciar el equilibrio, ganar credibilidad y procurar la calidad del producto informativo.