Se pasó de investigar a estudiar en cuestión de meses, el tiempo suficiente para que los mentores contrastaran que su ‘luminosa’ iniciativa no tenía la acogida esperada, era recibida con benévola indiferencia mediática y tenía difícil acomodo competencial en un foro donde se supone que hay que elaborar leyes, fiscalizar la acción pública del ejecutivo y dar soporte adecuado al edificio institucional.
Es tontería meterse en los vericuetos nominalistas o semánticos para determinar si entre las acepciones de investigación figura, inevitablemente, la de estudiar. Que el Parlamento de Canarias dedique unos de sus órganos y parte de su tiempo hábil a observar, a examinar atentamente qué ha ocurrido con menores desaparecidos en las islas, cuyos casos no han sido cerrados en las pertinentes investigaciones policiales abiertas, sienta un precedente difícilmente clasificable.
Dicen ir cargados los socios gubernamentales autonómicos, promotores de esa comisión de estudio de menores desaparecidos en las islas, de buenas y nobles intenciones. La mejor de todas, dicho sea, con el máximo respeto, era dejar hacer a quien realmente corresponde, esto es, a los cuerpos policiales. A estas alturas, nadie duda que quienes han venido averiguando qué pudo suceder o dónde pueden estar Sara Morales y Yéremi Vargas han desplegado un trabajo profesional generoso e intenso. Sin resultados, es verdad, pero hay que seguir resistiéndose a las tesis del crimen perfecto.
Consta que las familias son conscientes de esa tarea, han seguido atentamente las indicaciones que los responsables policiales les han ofrecido y han respondido, con una ataraxia y una entereza muy poco frecuentes por estos lares.
Pero la comisión ya ha cobrado carta de naturaleza parlamentaria y ahora habrá que aguardar a su metodología y a sus resultados. Qué documentación va a manejar, por ejemplo, a quién va a convocar -si es que puede hacerlo-, hasta dónde -sean o no secretas sus sesiones- no interferirá las investigaciones en curso y cuáles serán sus conclusiones.
Es cierto que todo lo delictivamente relacionado con los menores suscita en cualquier ámbito y en cualquier momento la natural reacción de rechazo, de incertidumbre, de preocupación y, por supuesto, de desasosiego familiar. Para colmo, el género de sucesos ha subido muchísimos enteros -quien nos lo iba a decir a los críticos de aquella publicación, “El Caso”- hasta el punto de elevar el morbo a niveles inusitados de modo que algún medio audiovisual ha terminado especializándose y hacer depender sus índices de audiencia y cuotas de pantalla de tratamientos difícilmente clasificables.
Que todos estos factores, nutrientes de alarma social, sean procesados en sede parlamentaria parece inapropiado. Declaraciones de quienes tienen la obligación de justificar la creación de la comisión convergen en que no habrá utilización ni finalidad política, pero ¿la idea, no es en sí misma suficiente como para sustanciar la puesta en marcha de otro cuerpo policial, por ahora con competencias más que dudosas?
Es natural la reticencia con que se han manifestado algunos profesionales y expertos policiales. Es lógico que éstos no anden conformes con los planteamientos generales, entre otras cosas porque no faltarán las interpretaciones que pongan en tela de juicio sus propias prestaciones. Máxime, cuando alguna portavoz parlamentaria ha dicho que “el sistema de localización no funciona”, y otro habla de mejorar los protocolos de actuación y de coordinar y mejorar la participación de la sociedad en supuestos como los que ocupan estas invenciones de parte de sus señorías. Todo eso, aderezado con enfoques políticos apropiados -y es que ha llegado a hablarse de réditos en el debate subsiguiente-, puede resultar, cuando menos, controvertido. Y ya sabemos lo que en Canarias significan ciertas polémicas. Especialmente, las interesadas.
Por eso, y porque va a ser menester la cruz y los ciriales, la comisión específica parlamentaria que brota en medio de un clima de encono político parece generar, más bien, incredulidad.
Es tontería meterse en los vericuetos nominalistas o semánticos para determinar si entre las acepciones de investigación figura, inevitablemente, la de estudiar. Que el Parlamento de Canarias dedique unos de sus órganos y parte de su tiempo hábil a observar, a examinar atentamente qué ha ocurrido con menores desaparecidos en las islas, cuyos casos no han sido cerrados en las pertinentes investigaciones policiales abiertas, sienta un precedente difícilmente clasificable.
Dicen ir cargados los socios gubernamentales autonómicos, promotores de esa comisión de estudio de menores desaparecidos en las islas, de buenas y nobles intenciones. La mejor de todas, dicho sea, con el máximo respeto, era dejar hacer a quien realmente corresponde, esto es, a los cuerpos policiales. A estas alturas, nadie duda que quienes han venido averiguando qué pudo suceder o dónde pueden estar Sara Morales y Yéremi Vargas han desplegado un trabajo profesional generoso e intenso. Sin resultados, es verdad, pero hay que seguir resistiéndose a las tesis del crimen perfecto.
Consta que las familias son conscientes de esa tarea, han seguido atentamente las indicaciones que los responsables policiales les han ofrecido y han respondido, con una ataraxia y una entereza muy poco frecuentes por estos lares.
Pero la comisión ya ha cobrado carta de naturaleza parlamentaria y ahora habrá que aguardar a su metodología y a sus resultados. Qué documentación va a manejar, por ejemplo, a quién va a convocar -si es que puede hacerlo-, hasta dónde -sean o no secretas sus sesiones- no interferirá las investigaciones en curso y cuáles serán sus conclusiones.
Es cierto que todo lo delictivamente relacionado con los menores suscita en cualquier ámbito y en cualquier momento la natural reacción de rechazo, de incertidumbre, de preocupación y, por supuesto, de desasosiego familiar. Para colmo, el género de sucesos ha subido muchísimos enteros -quien nos lo iba a decir a los críticos de aquella publicación, “El Caso”- hasta el punto de elevar el morbo a niveles inusitados de modo que algún medio audiovisual ha terminado especializándose y hacer depender sus índices de audiencia y cuotas de pantalla de tratamientos difícilmente clasificables.
Que todos estos factores, nutrientes de alarma social, sean procesados en sede parlamentaria parece inapropiado. Declaraciones de quienes tienen la obligación de justificar la creación de la comisión convergen en que no habrá utilización ni finalidad política, pero ¿la idea, no es en sí misma suficiente como para sustanciar la puesta en marcha de otro cuerpo policial, por ahora con competencias más que dudosas?
Es natural la reticencia con que se han manifestado algunos profesionales y expertos policiales. Es lógico que éstos no anden conformes con los planteamientos generales, entre otras cosas porque no faltarán las interpretaciones que pongan en tela de juicio sus propias prestaciones. Máxime, cuando alguna portavoz parlamentaria ha dicho que “el sistema de localización no funciona”, y otro habla de mejorar los protocolos de actuación y de coordinar y mejorar la participación de la sociedad en supuestos como los que ocupan estas invenciones de parte de sus señorías. Todo eso, aderezado con enfoques políticos apropiados -y es que ha llegado a hablarse de réditos en el debate subsiguiente-, puede resultar, cuando menos, controvertido. Y ya sabemos lo que en Canarias significan ciertas polémicas. Especialmente, las interesadas.
Por eso, y porque va a ser menester la cruz y los ciriales, la comisión específica parlamentaria que brota en medio de un clima de encono político parece generar, más bien, incredulidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario