"Nos vamos los honrados y se quedan los imputados". La frase es de Angel Llanos, concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dicha cuando dejó de tener mando en plaza.
Si no fuera porque hace tiempo que se agotó el nivel de asombro, el aserto despertaría sorpresa y daría paso a las consiguientes interpretaciones. Pero no: en la política canaria, y cada vez más en el ámbito municipal, éstas cosas son habituales y no hay que extrañarse. Pasar del amor al odio en un santiamén, en este caso de la unión a la ruptura, es moneda corriente. Los intereses unen durante un tiempo hasta que se va llenando el cacharro o tensando la cuerda, como ustedes prefieran y surge la fractura.
De modo que la alianza entre los dos partidos en el ayuntamiento capitalino, tan bamboleante como cualquier otra -es verdad que la del Gobierno de Canarias resiste por lo que a ambas partes interesa-, se quebró, justo en el ecuador de un mandato convulso en el que ninguna de las representaciones ciudadanas -incluída la de la oposición socialista- escapa a vaivenes y conflictos internos. La sensación de mandato perdido y de estancamiento es evidente. Que la ciudadanía santacrucera exprese ya sin ambages lo harta que está de diatribas entre sus políticos es la mejor prueba de que el deterioro de la política municipal -como en el Puerto de la Cruz- sólo lleva una línea ascendente.
El caso es que, echándose los trastos a la cabeza y en los periódicos, la trifulca entre los antiguos socios de gobierno en la capital tinerfeña ha terminado en los juzgados. Pero no es una denuncia de grupos políticos, no: es un grupo de ciudadanos el que se ha ido a la Fiscalía Anticorrupción denunciando presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho cometidos en la concesión de distintos contratos.
Vaya, vaya: al margen de que sera necesario revisar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Fiscalía para poder atender el volumen creciente de denuncias que siguen apareciendo vinculadas a la "pobre" Administración, resulta que, tras la ruptura de la alianza gubernamental, nos encontramos con que hay contratos presuntamente viciados. y que será ahora la Justicia la que determine el alcance de las infracciones. Y las responsabilidades, claro.
¡Lo que es la política!
Entonces, la pregunta inevitable: de no haberse producido esa fractura entre CC y PP en el Ayuntamiento santacrucero, ¿se habría sabido alguna vez y se habría investigado que tales contratos han dado pie a presuntos delitos nada menos que de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias?
Eslógan conocido: Canarias, una tierra única.
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