En la comparecencia posterior a la última reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, vino a refrescar una de las asignaturas pendientes más lacerantes en el insólito y cada vez menos interesante panorama político canario: la renovación de la composición de las instituciones autonómicas, ya saben, ese bloqueo al que las han sometido todos, unos por interés y otros por intransigencia, pero, en todo caso, para vergüenza generalizada pues ni siquiera tienen un tercero a quien echar la culpa o atribuir la responsabilidad.
“Cada día que avanzamos sin acuerdo tiene menos sentido que este Parlamento adopte decisiones que afectan a la próxima legislatura”, declaró Castro que, de prevalecer la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, vislumbra -en un acto de resignación difícilmente asumible- que todo se quedará como está ahora -mejor dicho, como está desde la legislatura pasada: increíble- y que la renovación de cargos no se producirá hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2011, en las vísperas precisamente del Día de la Comunidad Autónoma.
El presidente de la Cámara tiene razón desde el punto de vista formal: no convoca pleno hasta que los grupos parlamentarios no hagan una propuesta, pero en el fondo, es tan responsable como ellos de una de las mayores bofetadas que la soberanía popular pueda recibir al no ser capaces sus representantes de cumplir con la norma y proceder en consecuencia. Es un episodio vergonzante, de autonomía bananera, que se traduce, de alguna manera, en la adulteración de los resultados de los últimos comicios y en una evidente falta de calidad del propio sistema y de la propia convivencia democrática.
Pero el presidente parlamentario es el primero que ha de dar ejemplo para que la Ley se cumpla. Debe, por consiguiente, tomar la iniciativa antes que le sea imputada una complicidad por omisión. No es nada edificante esa estampa aunque las pérdidas aparezcan socializadas en la manifiesta incapacidad de los actores para llegar a un acuerdo. La democracia es, ante todo, respeto a la norma; y después, todos los pactos que se quiera con tal de que aquélla tenga un mínimo soporte jurídico. Y si está equivocado o es insuficiente, todavía quedan los tribunales para corregir o reparar los desajustes.
Parece que no hay conciencia del daño que se le está causando a la democracia misma, al bloque institucional canario y a la credibilidad de la clase política, encabezada, ni más ni menos, que por la parlamentaria. Por eso se señala que es inaceptable esa resignación: como queda apenas un año para liquidar esta no muy productiva ni provechosa legislatura, total, qué más, vamos a dejarlo como está. Pero el hecho es tan grave que hay que decir ‘no’: la composición actual no responde al mandato de las urnas de hace casi tres años. Como verán, esto, en democracia, no tiene presentación. O sólo merece el adjetivo bananero ya empleado.
Es una perversión en toda regla y por muy bien que nos hayamos adaptado al estado de la impunidad, resulta tan peligrosa para otros asuntos de naturaleza política que han de dilucidar en el foro supuestamente “sagrado” del Parlamento que hasta grima causa el que a estas alturas no se haya producido una corrección y que ahora, visto lo visto, es preferible “no meneallo”.
Seamos realistas: el grado de desconocimiento de las instituciones, de su razón de ser y de su utilidad, se acentuará de forma preocupante cuando algo tan elemental como la recomposición periódica, prevista y consignada en las respectivas leyes, no se materializa entre desacuerdos, desidia y conveniencias.
Lo dicho: un episodio político doliente. Y responsabilidad de todos.
“Cada día que avanzamos sin acuerdo tiene menos sentido que este Parlamento adopte decisiones que afectan a la próxima legislatura”, declaró Castro que, de prevalecer la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, vislumbra -en un acto de resignación difícilmente asumible- que todo se quedará como está ahora -mejor dicho, como está desde la legislatura pasada: increíble- y que la renovación de cargos no se producirá hasta después de las elecciones autonómicas de mayo de 2011, en las vísperas precisamente del Día de la Comunidad Autónoma.
El presidente de la Cámara tiene razón desde el punto de vista formal: no convoca pleno hasta que los grupos parlamentarios no hagan una propuesta, pero en el fondo, es tan responsable como ellos de una de las mayores bofetadas que la soberanía popular pueda recibir al no ser capaces sus representantes de cumplir con la norma y proceder en consecuencia. Es un episodio vergonzante, de autonomía bananera, que se traduce, de alguna manera, en la adulteración de los resultados de los últimos comicios y en una evidente falta de calidad del propio sistema y de la propia convivencia democrática.
Pero el presidente parlamentario es el primero que ha de dar ejemplo para que la Ley se cumpla. Debe, por consiguiente, tomar la iniciativa antes que le sea imputada una complicidad por omisión. No es nada edificante esa estampa aunque las pérdidas aparezcan socializadas en la manifiesta incapacidad de los actores para llegar a un acuerdo. La democracia es, ante todo, respeto a la norma; y después, todos los pactos que se quiera con tal de que aquélla tenga un mínimo soporte jurídico. Y si está equivocado o es insuficiente, todavía quedan los tribunales para corregir o reparar los desajustes.
Parece que no hay conciencia del daño que se le está causando a la democracia misma, al bloque institucional canario y a la credibilidad de la clase política, encabezada, ni más ni menos, que por la parlamentaria. Por eso se señala que es inaceptable esa resignación: como queda apenas un año para liquidar esta no muy productiva ni provechosa legislatura, total, qué más, vamos a dejarlo como está. Pero el hecho es tan grave que hay que decir ‘no’: la composición actual no responde al mandato de las urnas de hace casi tres años. Como verán, esto, en democracia, no tiene presentación. O sólo merece el adjetivo bananero ya empleado.
Es una perversión en toda regla y por muy bien que nos hayamos adaptado al estado de la impunidad, resulta tan peligrosa para otros asuntos de naturaleza política que han de dilucidar en el foro supuestamente “sagrado” del Parlamento que hasta grima causa el que a estas alturas no se haya producido una corrección y que ahora, visto lo visto, es preferible “no meneallo”.
Seamos realistas: el grado de desconocimiento de las instituciones, de su razón de ser y de su utilidad, se acentuará de forma preocupante cuando algo tan elemental como la recomposición periódica, prevista y consignada en las respectivas leyes, no se materializa entre desacuerdos, desidia y conveniencias.
Lo dicho: un episodio político doliente. Y responsabilidad de todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario