El desempleo afecta a 257.939 personas. En febrero, 4.009 engrosaron las listas del paro. El sector servicios acapara el 69% de los nuevos desocupados. La Comunidad Autónoma es, ahora mismo, la más destructora de puestos de trabajo. Según registros del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la afiliación a la Seguridad Social en febrero disminuyó en 2.217 personas, un 0,32%, en contra de lo contabilizado a escala nacional que aujmenta en un 0,15%. O sea, que las islas no logran frenar la caída de la afiliación.
La economía sumergida alcanza el 28,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Han leído bien: el 28,7%. Según el informe sobre esta materia, período 2000-2009, confeccionado por los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), tal porcentaje sitúa a Canarias como la segunda comunidad con un índice más alto.
O sea, el fraude que no cesa. Para entendernos, en plan coloquial, el tranque que no para.
Los técnicos han sido claros: hay que priorizar la lucha contra esa economía oculta o sumergida (¡menuda tarea!) y contra las bolsas de fraude, con una finalidad clara: elevar los ingresos y así evitar cargar o gravar a trabajadores y pensionistas. Dicho de otra forma: si los defraudadores pagaran lo que les corresponde, se evitaría que los ciudadanos que cumplen asumieran el incremento de impuestos y se lograría reequilibrar el sistema de pensiones.
A propósito: con la economía sumergida, la evasión fiscal. Dicen las autoridades hacendísticas del país que si se exige tan sólo lo que han evadido en los últimos cuatro años, habría dinero para reducir el déficit público, aumentar las pensiones y garantizar la Ley de Dependencia.
No es para bromear, desde luego, pero contrastando todos estos datos, ¿no tienen ustedes la sensación (impunidad de algunos, aparte) que vivimos de milagro?
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