ESTANCAMIENTO LOCAL

Se agota 2016 sin grandes novedades en el ámbito local, donde se sigue a la espera de lo que sucederá con la tan denostada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada precisamente en diciembre de 2013. La norma, muy contestada políticamente desde el proceso de elaboración y en el curso de su tramitación, pretendía clarificar y delimitar competencias; racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; garantizar un control presupuestario y financiero más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada enterrando fórmulas de intervención administrativas que se revelaron inapropiadas una vez escaparon del control de los responsables que se rindieron ante las prácticas políticas clientelares.

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), estimando parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asamblea de Extremadura, empezó a cuestionar algunos contenidos de la Ley que el partido gubernamental, a lomos de su mayoría absoluta, prácticamente impuso. Más de tres mil ayuntamientos de toda España formularon objeciones jurídicas que están pendientes de resolución, sin dejar de consignar que esta reforma legislativa también ha sido recurrida por varios parlamentos y gobiernos autónomos.

Al cabo de dos elecciones legislativas, transcurridos los primeros meses de la presente legislatura, el Partido Popular (PP) continúa en el ejecutivo y el escenario político es diferente pero el problema del municipalismo sigue latente. Por eso se alzan voces que, conociendo los riesgos de empantanamiento, reclaman avances consensuados en las posibles soluciones. Dependerá de la voluntad política y de las prioridades que establezca el PP en su estrategia política si es que de verdad quiere una legislatura larga. Las circunstancias, desde luego, son distintas: ya ha probado el sabor de algunas derrotas parlamentarias y no querrá que el Gobierno se desgaste más de la cuenta.

Muchos actores políticos -puede que también el partido conservador, aunque no lo explicite- reivindican una reforma en profundidad del régimen local. Siguen hablando de fortalecer, mediante una norma moderna y consensuada, la autonomía municipal, principalmente con una clara esfera competencial; y lo que es más, acaso la madre del cordero, de dotarse de una norma reguladora de las haciendas locales que marque las reglas del juego en lo que a estabilidad y recursos se refiere para favorecer el desarrollo de las competencias asumidas por la corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y mancomunidades.

Algunos de esos actores piden un rediseño y aplicación de la denominada 'regla de gasto', estimando criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas y de agilización en su control. El conjunto de los ayuntamientos españoles, en plena crisis y pese a las dicultades inherentes, ha hecho importantes esfuerzos a lo largo de los últimos años para acreditar una cierta solvencia en la administración de los recursos. Por eso, en aquellos casos de corporaciones con superávit, y a partir de la prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado, el municipalismo pide una reinversión para atender fines sociales y planes de empleo, sobre todo, para evitar la subida impositiva y la pérdida de puestos de trabajo. Tendrá que moverse, desde luego.