Las
entidades locales han optado de forma mayoritaria por disponer de un
sitio o portal específico de transparencia. Esta es una de las
conclusiones del estudio llevado a cabo por la Federación Española
de Municipios (FEMP) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
(CTBG) para evaluar lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno en materia de publicidad
activa. El estudio muestra, en lo concerniente a la forma de ofrecer
la información, que una inmensa mayoría de los ayuntamientos ya
presenta su información de manera estructurada, aunque también se
detectan casos en los que es necesario insistir para cumplir con los
requisitos exigidos en la norma.
Los
datos del estudio son alentadores, reflejan que se ha ido avanzando
en este concepto que sí debe ser un elemento sustantivo de una nueva
política. Se ha ido extendiendo su valoración, como una exigencia,
y eso es de agradecer para concienciar a los responsables públicos
de lo que significa para ir contrarrestando, siquiera paulatinamente,
ese rechazo que inspira en la sociedad de nuestros días la política,
su ejercicio, sus vicios y sus prácticas reprobables. Por tanto,
no es solo el cumplimiento de la Ley: es una cuestión que resulta
consustancial con el modo de hacer política, con la administración
de los recursos y con la gestión de la que hay que dar cuenta para
poner a prueba, dicho crudamente, la capacitación.
A
los ciudadanos hay que conceder facilidades para que manejen las
opciones a su disposición a la hora de saber cómo actúan los
gobernantes, sus fortalezas y sus debilidades. Ahora que la crisis
parece superada, los horizontes financieros son contemplados de forma
más despejada o con menor escepticismo y muchos responsables
municipales empiezan a presumir de cancelaciones anticipadas de
deudas y de reducción de tributos, es el momento de hacer ver a la
ciudadanía que tiene cauces para ser más sensible con su
administración más cercana y hasta para interactuar a poco que
tales responsables hagan un mínimo de pedagogía política y
fortalezcan así la materia y el espíritu de la transparencia.
Por
los datos del estudio de la FEMP y del CTBG, por los avances que se
van apreciando y por las prácticas que se van extendiendo, no se
entienden entonces esas informaciones en las que se denuncia el
oscurantismo, las negativas o la tardanza y la indisponibilidad de
la documentación que se solicita por parte de grupos o ediles de la
oposición. En ese sentido, el propio informe alude a existencia en
las entidades locales de una unidad específica para resolver las
demandas de información. Los resultados muestran que no es frecuente
(23,71 %) en ayuntamienos menores de setenta y cinco mil habitantes,
que ronda el 50 % para los grandes y que sí existen tales órganos
(60 %) en el caso de diputaciones, cabildos y consejos.
En
definitiva, para mejorar los índices y la práctica de la
transparencia, se trata de cultivar la formación en todos los
niveles, político, directivo y técnico. Hay que desarrollar
criterios homogéneos para el seguimiento y la evaluación de las
leyes específicas, así como asesorar adecuadamente a las entidades
locales. Y por supuesto, aunque se nos reproche la reiteración, hay
que sensibilizar a la sociedad sobre su derecho a saber y estar
informada y sobre sus facultades en materia de transparencia.
1 comentario:
Muy bien
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