NI RESIGNACIÓN NI RUTINAS

En el primer mandato de los ayuntamientos democráticos (1979-83) hubo ayuntamientos que se esforzaron en asumir competencias creando incluso servicios de los que se tenía muy poca o ninguna experiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer?, se preguntaban los nuevos munícipes. ¿Cómo lo van a hacer?, cuestionaban los ediles que se habían quedado en la oposición o aún discutían las expectativas abiertas con el nuevo régimen político.

El caso es que se avecinaban nuevos tiempos, había que incursionar en un nuevo modo de funcionar en la administración local y había que dar respuestas a problemas ya enquistados en la sociedad y que necesitaban de algo más que voluntarismo para resolverlos. Ahí es donde, paulatinamente, fueron surgiendo estructuras, redes y profesionales desde las que fue posible ir trabajando sobre bases que costaría consolidar pero que ya tenían los fundamentos para labrar políticas públicas en las que se podría confiar.

Entonces, cruzado el ecuador de aquel mandato, ya se hablaba de servicios municipales de atención a las drogodependencias, a las toxicomanías o a la marginalidad. Los afectados y las familias empezaron a no sentirse tan solos. Los concejales de esas áreas comenzaron a curtirse, conscientes de que había mucho que aprender, buscar incesantemente recursos y practicar solidaridad. Fue una época motivadora, esperanzadora, rica en ganas y proclive a perfeccionarse mediante la suscripción de convenios, la implicación de agentes sociales, la consecución de nuevas dotaciones, el diseño y ejecución de programas preventivos y hasta la redistribución competencial con la concurrencia de las comunidades autónomas.

Mucho mérito tienen, desde luego, las corporaciones locales de entonces que, con poco, hicieron mucho. Lo más importante: abrieron caminos para afrontar el alcance de aquellas situaciones que, en numerosos núcleos y en muchas ciudades, resultaban graves o muy graves.

Que todo aquello se haya consolidado y tenga continuidad es para tener cierta tranquilidad. Cierto que existen problemas y deficiencias latentes pero, al menos, hay lugares y recursos humanos a los que consultar con tal de recibir una atención y las terapias para intentar reconducir las situaciones.

Por eso, que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas hayan renovado recientemente el convenio de colaboración para la cobertura de actuaciones destinadas a la prevención y reducción de drogodependencias y otras adicciones desde el ámbito local, es gratificante. Se trata de implantar y desarrollar programas de calidad en los municipios en estas materias. La acción se extiende al ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para luchar activamente contra el tráfico y consumo de drogas y para representar a los gobiernos locales en aquellos organismos que han hecho de la prevención y atención integral a las adicciones su razón de ser.

El convenio incluye tareas como la difusión del Catálogo de Buenas Prácticas de Drogodependencias en el ámbito local; el impulso del Programa Nacional de Servicio Responsable, destinado a prevenir el consumo de drogas en los entornos de ocio nocturno; y el apoyo al portal de buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas y otras adicciones.

En fin, que los ayuntamientos tienen un campo donde desarrollar un trabajo interesante y productivo. Solo han de acreditar voluntad política y ganas de profundizar, antes que resignación o rutinas de funcionamiento.