Primero fue el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, quien, con su voto de calidad, determinó que la propuesta del ministerio de Hacienda fuese aprobada y la controversia de la utilización de los superávit por parte de los ayuntamientos quedara superada. Y luego, ayer por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez firma el “Acuerdo entre el Gobierno de España y la FEMP para contribuir a desarrollar una movilidad sostenible, la Agenda Urbana y políticas de cuidados y apoyo a la cultura”, es decir, una mayor carga de bombo para sobrepasar las cuentas pendientes y hacerlas viables con otras condiciones, otros enfoques y en otro escenario.
“Nunca se firmó un acuerdo de esta envergadura entre la Federación y el Gobierno de España”, resumió Caballero. “Es un acuerdo para impulsar, también desde los ayuntamientos, la recuperación del país”, dijo Sánchez, quien lo consideró clave para dotar a los pueblos y ciudades de los recursos necesarios para que puedan paliar los efectos de la COVID-19 y contribuir a la reconstrucción económica y social.
La supresión de la regla de gasto para el año 2000, las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio de 2018, son aspectos consignados en el texto del acuerdo, lo que para la presidencia de la FEMP se estima como muy favorable para la financiación de los ayuntamientos “porque los ingresos cayeron y sin embargo el Gobierno de España nos sigue haciendo las mismas aportaciones mensuales a cuenta de los ingresos definitivos”.
El Presidente de la FEMP recordó también el fondo de transporte dotado con hasta 400 millones de euros y “lo más importante: el Gobierno establece un mecanismo mediante el cual aporta 5.000 millones de euros a las Entidades Locales, a aquéllas que entreguen sus remanentes, que los Ayuntamientos no tendrán que devolver. Pero además reintegrará el conjunto de los remanentes en diez años desde el año 2022. Lo que los Ayuntamientos planteábamos, que era poder gastar nuestros remanentes, lo vamos a poder gastar durante diez años”.
Se entiende entonces que los corsés de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como los de la propia Constitución, van flexibilizándose. Ya escribimos el último día del mes de julio que la normativa condicionaba las aspiraciones de las entidades locales en lo que a dineros municipales se refiere. El Partido Popular (PP) no está de acuerdo e interpreta que el Gobierno se queda con parte de esos dineros ya contabilizados, seguramente pensando en consecuencias políticas de mayor dimensión al cuestionar los criterios del presidente Sánchez y de la ministra Montero. Pero ya veremos si tal cuestionamiento desemboca en algún tipo de contencioso promovido pñor los conservadores, mientras, eso sí, se va ingresando lo que corresponda desde la materialización del acuerdo.
Por lo que a Canarias concierne, hay una disposición adicional que resulta muy interesante. Se permite a los cabildos hacer uso de su superávit, lo que propicia la reactivación social y económica de las administraciones insulares, utilizando las transferencias necesarias para cubrir la merma de recursos del bloque del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Y otro hecho llamativo del acuerdo que necesita, por cierto, una difusión adecuada: también alcanza, con medidas concretas, a los ayuntamientos sin remanentes y en situación de riesgo financiero.
En fin, que los munícipes, a la espera de debates suplementarios, podrán respirar más tranquilos.
1 comentario:
Muy buena noticia.
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