Un comunicado del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) pone de relieve que, a estas alturas, son notables las dificultades para afrontar el próximo curso académico. El Consejo integra e impulsa la voz de más de tres mil entidades y asociaciones que representan a las personas mayores, con dependencia y/o con discapacidad, a los Centros de Educación Especial, Centros Especiales de Empleo, a las empresas que las atienden (grupos residenciales, atención a domicilio, Colegios Profesionales…). Esto significa representar a más de doscientas mil personas atendidas y sus familias, cuatrocientos veinte mil profesionales y trabajadores y diez mil voluntarios, integrando de forma abierta y sin exclusiones a todas aquellas personas, asociaciones y entidades, empresas e instituciones que trabajan para la defensa, la mejora y la representación de personas con discapacidad y/o con dependencia. El Ceddd trabaja por la unidad y cohesión de todas las asociaciones y entidades que defienden la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión en la comunidad, la calidad en la atención, la eficiencia y competitividad en los servicios, la profesionalización de la atención a la persona, la acción positiva en favor de las personas con discapacidad y de las personas dependientes desde todas las áreas de influencia.
Si ya apreciamos las dificultades para concluir de la forma más provechosa posible el último trimestre del curso 2019-20 y si no han estado exentos de confusión los preparativos del próximo, la carencia de protocolos específicos añade incertidumbres. Es de esperar que en las semanas que restan hasta el comienzo de las clases sea posible despejar las incógnitas y unificar criterios para afrontar el nuevo ciclo.
De ahí la importancia del comunicado del Ceddd que manifiesta «su más absoluto apoyo a todo el colectivo de menores con discapacidad que, en tres semanas regresan a las aulas de sus escuelas, y solicitamos encarecidamente a las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, que se analicen y atiendan las situaciones especiales de estos niños y niñas ya que, dado su perfil, requieren de apoyos y protocolos especiales para preservar su salud y la de su entorno».
Y es que entre los colegios de Educación Especial y los centros ordinarios con necesidades educativas especiales, suman el 32,9 % del total del alumnado que recibe una atención educativa diferente, seiscientas sesenta y ocho mil setecientas sesenta y nueve personas. Niños y niñas con obvias vulnerabilidades, muy olvidadas durante esta crisis, precisan de instrucciones y protocolos claros de actuación ante el inminente comienzo del nuevo curso escolar.
El Consejo estimas que es fundamental –y por ello, lo solicita- “activar los canales de comunicación necesarios entre las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y las asociaciones de familias afectadas, colectivos de gestión de centros de Educación Especial y otros varios que, debido a su cotidiana cercanía con la problemática referida, son una fuente de extrema utilidad para la toma de decisiones y de medidas adecuadas, así como para una óptima asignación de recursos humanos, organizativos, materiales y económicos”.
Asimismo, manifiesta su voluntad y su máxima disposición “a promover y facilitar este diálogo de forma propositiva, rápida (por las fechas en que nos encontramos) y solicitamos una urgente emisión de instrucciones precisas y específicas tanto para los niños y niñas de la Educación Especial, como para los niños y niñas que cursan sus estudios en la Educación Ordinaria precisando apoyos específicos».
Por ello, solicita una coordinación completa y consensuada con los agentes familiares y profesionales, conocedores como nadie de las carencias, necesidades y, a menudo, propuestas y soluciones para asegurar un regreso seguro y eficiente a las aulas.
Es un llamamiento que entraña una sensible preocupación y que las autoridades educativas habrán de tener en cuenta. A escasas semanas del arranque del curso, la situación exige esfuerzos para superar las incertidumbres y para lograr que las prestaciones educativas se desarrollen de la manera más eficaz y armoniosa posible, sabiendo que, además, hay colectivos como los de la discapacidad y dependencia que requieren una atención específica.
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