A la hora de elaborar este comentario, se desconoce si ya el Gobierno de Canarias ha formalizado una denuncia o una queja que su portavoz ha anunciado días pasados tras las declaraciones públicas hechas por la portavoz de la asociación “Jueces para la democracia” en Canarias y titular del número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, la magistrada Victoria Rosell, en relación con la sentencia del caso ‘Tebeto’, a este paso convertido ya en un auténtico ‘tebetazo’, inevitable aumentativo no sólo por la cuantía de la condena sino por las aristas de la controversia que la resolución ha generado.
Pero, bueno, da igual. Salvo que se haya producido alguna entente, cuasi imposible, el anuncio es lo suficientemente ilustrativo como para que hablemos sin reservas de un claro enfrentamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias (o Estado Libre Alocado, como prefieran) entre representantes de dos poderes públicos. O sea, políticos versus jueces. Lo que faltaba para el duro, se decía coloquialmente en el pasado, cuando el cúmulo de la ilógica y de los contrasentidos, de las complicaciones y de las difíciles salidas, alcanzaba su punto álgido.
Ya se verá entonces, cuando el asunto se residencie en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cómo se resuelve el incumplimiento que el ejecutivo atribuye a la magistrada amparándose en el articulado de la Ley del Poder Judicial: “Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición”.
Lo malo es eso, que, como en tantas otras ocasiones, asistamos a un debate semántico o nominalista pues la juez señala que opina como ciudadana y portavoz de una asociación profesional y, por tanto, se abre el espacio para el entretenimiento fronterizo: hasta dónde llega su margen de manifestación o la libertad de expresión misma. Si así fuera, estaríamos ante otra cortina que impediría apreciar la cuestión de fondo.
Porque, en la jungla en que se ha convertido Tebeto, Victoria Rosell ha dicho algo que escalofría: “Donde se tramitan las cosas, por amistad, enemistad o pura negligencia es en la consejería de Industria”. Es probable que si la afirmación fuera el texto de uno de esos innumerables mensajes que no se filtran y aparecen en programas televisivos del todo vale, se perdería en el espacio catódico sin más, otra de las infinitas aseveraciones impunes. Si esto lo escribe un periodista o lo manifiesta algún cargo público, puede que si en esas fechas no hay mucho que hacer, alguien, al menos, abra unas diligencias previas.
Pero, ojo, es una magistrada quien lo dicho, en calidad de lo que sea, pero es una juez la que pone el dedo en la llaga de la muy extendida sospecha de que en Canarias todo se compra y se vende, todo se arregla a base de componendas, favores, predisposición o negligencia, ya sea natural o premeditada.
Y es la misma Victoria Rosell la que advierte en el anuncio del Gobierno de Canarias un intento de hacer callar esa voz discrepante, mejor dicho, esa voz crítica con un modus operandi complejo y tendente a desviar la atención o enredar las secuelas de la ya célebre sentencia.
Pocos días antes de que estallara la tormenta, la judicatura había pedido respeto a sus decisiones. Lo decía un siempre prudente Antonio Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), consciente de la polémica en que se veían envueltos algunos magistrados a raíz de determinadas resoluciones. Castro querrá atemperar, sobre todo después de comprobar que si la juez Rosell se apresuró a defender a su colega Gómez Cáceres (autor de la sentencia de Tebeto), nadie, prácticamente, se ha adherido a lo dicho por aquélla.
Abierto este frente por el Gobierno -ya se verá donde acaba el enfrentamiento y cómo suturan las heridas-, lo preocupante es si esta comunidad de nuestros pecados resistirá lo que parece ser un virus de imprevisibles proporciones. La convivencia sociopolítica ya estaba lo suficientemente enferma como para que ahora broten episodios como el que nos ocupa.
Como la credibilidad andaba en tan altos niveles, encima políticos versus jueces.
Pero, bueno, da igual. Salvo que se haya producido alguna entente, cuasi imposible, el anuncio es lo suficientemente ilustrativo como para que hablemos sin reservas de un claro enfrentamiento en la Comunidad Autónoma de Canarias (o Estado Libre Alocado, como prefieran) entre representantes de dos poderes públicos. O sea, políticos versus jueces. Lo que faltaba para el duro, se decía coloquialmente en el pasado, cuando el cúmulo de la ilógica y de los contrasentidos, de las complicaciones y de las difíciles salidas, alcanzaba su punto álgido.
Ya se verá entonces, cuando el asunto se residencie en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cómo se resuelve el incumplimiento que el ejecutivo atribuye a la magistrada amparándose en el articulado de la Ley del Poder Judicial: “Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición”.
Lo malo es eso, que, como en tantas otras ocasiones, asistamos a un debate semántico o nominalista pues la juez señala que opina como ciudadana y portavoz de una asociación profesional y, por tanto, se abre el espacio para el entretenimiento fronterizo: hasta dónde llega su margen de manifestación o la libertad de expresión misma. Si así fuera, estaríamos ante otra cortina que impediría apreciar la cuestión de fondo.
Porque, en la jungla en que se ha convertido Tebeto, Victoria Rosell ha dicho algo que escalofría: “Donde se tramitan las cosas, por amistad, enemistad o pura negligencia es en la consejería de Industria”. Es probable que si la afirmación fuera el texto de uno de esos innumerables mensajes que no se filtran y aparecen en programas televisivos del todo vale, se perdería en el espacio catódico sin más, otra de las infinitas aseveraciones impunes. Si esto lo escribe un periodista o lo manifiesta algún cargo público, puede que si en esas fechas no hay mucho que hacer, alguien, al menos, abra unas diligencias previas.
Pero, ojo, es una magistrada quien lo dicho, en calidad de lo que sea, pero es una juez la que pone el dedo en la llaga de la muy extendida sospecha de que en Canarias todo se compra y se vende, todo se arregla a base de componendas, favores, predisposición o negligencia, ya sea natural o premeditada.
Y es la misma Victoria Rosell la que advierte en el anuncio del Gobierno de Canarias un intento de hacer callar esa voz discrepante, mejor dicho, esa voz crítica con un modus operandi complejo y tendente a desviar la atención o enredar las secuelas de la ya célebre sentencia.
Pocos días antes de que estallara la tormenta, la judicatura había pedido respeto a sus decisiones. Lo decía un siempre prudente Antonio Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), consciente de la polémica en que se veían envueltos algunos magistrados a raíz de determinadas resoluciones. Castro querrá atemperar, sobre todo después de comprobar que si la juez Rosell se apresuró a defender a su colega Gómez Cáceres (autor de la sentencia de Tebeto), nadie, prácticamente, se ha adherido a lo dicho por aquélla.
Abierto este frente por el Gobierno -ya se verá donde acaba el enfrentamiento y cómo suturan las heridas-, lo preocupante es si esta comunidad de nuestros pecados resistirá lo que parece ser un virus de imprevisibles proporciones. La convivencia sociopolítica ya estaba lo suficientemente enferma como para que ahora broten episodios como el que nos ocupa.
Como la credibilidad andaba en tan altos niveles, encima políticos versus jueces.
1 comentario:
En mi opinión, del asunto Tebeto todos somos responsables de algún modo.
Me explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega…. Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello…., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte - de partido, de magistrados, informaciones partidistas…. - un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!
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