VELAR POR LAS INSTITUCIONES

La Comunidad Autónoma de nuestras tribulaciones no ha dejado de funcionar y hasta es probable que alguno de los muchos escépticos que siguen la política cotidiana haya dicho que ¿lo ves? no pasa absolutamente nada, eso significa que no sirven para nada. Es más que probable.
Pero lo cierto es que superado el ecuador de la legislatura, las instituciones de la Comunidad siguen bloqueadas, es decir, no han sido renovadas mediante los procedimientos normativos correspondientes. Dicho muy llanamente: su composición actual no responde al mandato de las urnas de mayo de hace dos años.
Y esto es lo preocupante, que pase al tiempo y no se corrija la situación. Se supone que la situación convendrá a algunos que tratarán de no menearla pero no es de recibo. Ni siquiera con la simplificación de que es un asunto que sólo concierne o interesa a los políticos. Una situación reveladora, lisa y llanamente, de que ésta no es una Comunidad seria o lo que es igual, que algo tan serio como el cumplimiento de lo establecido para el funcionamiento de su bloque institucional es tomado precisamente como una asignatura de escasa importancia de la que se puede prescindir.
Estamos tan acostumbrados al estado de la impunidad en las islas que esta perversión apenas es percibida. Así que alguien debería reaccionar. Porque, en definitiva, es la salud democrática la que está en juego, la que se resiente. Este dejar hacer, dejar pasar sólo acentúa el bloqueo y la incapacidad política para aplicar unos criterios de mínima racionalidad, de elemental lógica política.
Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo de RadioTelevisión Canaria -estos dos coincidiendo en que deben ser renovados en cada legislatura- siguen su rumbo, al pairo, se sobreentiende que sin dejar de cumplir sus cometidos. Pero su actual composición -es lo grave, lo insólito- no se corresponde con los resultados de la voluntad popular. Y si ésta no se respeta, malo. Porque se sientan precedentes, se deja pasar el tiempo, se cumple con el viejo principio de lo acomodaticio y se fragua una situación inaceptable. Otra prueba de la merma de la credibilidad política.
No es que la ciudadanía parezca excesivamente preocupada por esta manifiesta anomalía -algo tendrá que decir, por cierto, el presidente del Parlamento de Canarias-, como tampoco parece muy interesada en la reforma del Estatuto de Autonomía y del injusto sistema electoral, pero tampoco es cuestión de resignarse. La Comunidad Autónoma avanza (¿avanza?) entre la pasividad y el conformismo. En serio, ¿qué motiva a la ciudadanía? Cuando ésta comprueba que los pilares del edificio están ahí pero los mecanismos de mantenimiento se oxidan o no funcionan, poca confianza otorgarán a los responsables.
Si convenimos en que el grado de desconocimiento de las instituciones, de su razón de ser y de su utilidad, es elevado, peor proyección tendrán si algo tan elemental como su recomposición periódica y ajustada proporcionalmente a lo que decidió la soberanía popular se desvirtúa hasta los límites que estamos comprobando.
Algún partido político que no ha transitado aún por la oposición ha acreditado un escaso respeto por el crédito que hay que conferir a las instituciones y se ha saltado aplicaciones con recursos de todo tipo en la creencia de que todo se puede hacer porque nada va a pasar. Así ha ido avanzando (¿avanzando?) la Comunidad Autónoma por muchas rayas que aparezcan en el tigre.
Velar por las instituciones. ¿Es mucho pedir? Al menos, para no sentir y prolongar esta vergüenza.