Dicen los secretarios generales de las centrales sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) en Canarias que el Gobierno de la Comunidad Autónoma dispone de quinientos millones de euros para generar empleo y no los pone en circulación.
Aguardemos la respuesta del ejecutivo porque la acusación, de ser cierta, implica negligencia, dejadez e irresponsabilidad. Ya conocen que en los últimos registros conocidos, Canarias fue la única Comunidad española donde no se redujo el número de desempleados. El total de ellos en las islas supera ya los doscientos sesenta y seis mil.
Aguardemos también las iniciativas de la oposición parlamentaria que puede tener un filón a poco que repase los anuncios hechos en su día por el Gobierno 'canariensis' relativos a la creación de puestos de trabajo entre las medidas para paliar la crisis.
Quinientos millones de euros es dinero, vaya que sí. Entre los fondos procedentes del Estado -unos trescientos treinta millones de euros- y los consignados en convenios a desarrollar con las corporaciones locales, cerca de doscientos millones, en teoría hay recursos para mitigar ese problema qe tanta desazón causa en buena parte del tejido social canario.
Piden los sindicalistas una reunión extraordinaria y urgente del Consejo General de Formación y Empleo con el fin de tratar a fondo el asunto y lograr que se pongan en marcha aquellos programas concebidos para que personas que engrosan las listas del paro puedan abandonarlas.
Se requiere no sólo voluntad política: se precisa de impulsos serios, de trabajo constante, de seguimientos permanentes, de exigencias de responsabilidades. No se puede dotar partidas presupuestarias o disponer de recursos públicos para luego permanecer de brazos cruzados, entre el desespero de unos, la pasividad de otros y la inacción de unos cuantos responsables.
Para los sindicalistas, desde ese punto de vista, la situación es tan alarmante como el apocalipsis que siguen trazando algunos dirigentes empresariales.
Y encima parecen desperdiciar quinientos millones de euros.
De ser cierto, ¡qué barbaridad!
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