Una
ley de ámbito estatal que regule la actividad. Esta parece ser una
demanda clamorosa en el sector turístico para intentar una solución
estable y satisfactoria al problema de la regulación del alquiler de
las viviendas o pisos turísticos. Empresarios y profesionales, ante
la coyuntura de incipiente estancamiento, sienten que se ha encendido
la luz roja de alarma, impulsada por tres factores: el número de
habitaciones en estos alojamientos supera, cada vez en mayor cuantía,
al de los hoteles; el precio medio de la oferta de esta modalidad es
bastante más barato que el de un establecimiento reglado y, tercero,
la encuesta publicitada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) sobre movimientos turísticos en fronteras, un 20 % de los
visitantes que llegan a nuestro país, esto es, unos dieciséis
millones de personas, se aloja en uno de estos pisos.
Las
cuentas de resultados están resintiéndose, de ahí la demanda
señalada, en la esperanza de que la regulación normativa ponga fin
a vacíos, irregularidades y desequilibrios en el funcionamiento del
sistema. Hay quienes ya han acuñado el término 'hotelización' de
las viviendas y vaticinan que en una coyuntura desfavorable, como
parece derivarse de la recuperación de mercados competidores como
Mediterráneo y norte de África, la industria turística lo va a
notar.
Parece
apremiante, pues, legislar sobre el asunto de una vez, de la forma
más homogénea posible. Hasta ahora, algunos ayuntamientos y las
modificaciones introducidas por el actual Gobierno en las leyes de
Arrendamientos Urbanos y de Propiedad Horizontal han intentado cubrir
el vacío pero ha sido insuficiente. La normativa debería incidir en
los costes regulatorios que este tipo de alojamientos deben cumplir.
Ahora mismo, esa carencia repercute en la oferta de precios, con
evidente perjuicio para los hoteles si se acepta, tal como convienen
algunas fuentes empresariales, que el cincuenta por ciento del precio
de venta de un hotel es el coste del servicio. Según la organización
Exceltur,
el
impacto económico de un turista que se aloja en un apartamento
turístico, es muy inferior con respecto a uno que se aloja en un
apartamento reglado. El director de Estudios e Investigación de la
citada firma, Óscar Perelli, precisa que el gasto diario de este
último perfil se eleva a 148 euros, frente a los 80 que gasta un
turista que se aloja en un piso turístico.
Luego están los problemas
colaterales, que también requieren una solución. Los de
convivencia, sin ir más lejos. Los generadores de economía
sumergida. La seguridad jurídica de las reclamaciones, cuando las
hubiere, para proteger los intereses de los usuarios. Y la de los
trabajadores de esta modalidad, que deberían acogerse a los
respectivos convenios de hostelería.
El caso es que, en plena
temporada veraniega, cada quien intentará escapar a la espera de
que, en otoño, y si hay gobierno, se pueda afrontar a corto plazo la
cobertura de esa normativa que regule y homogeneice las soluciones
que apremian, no sea que después de las vacas gordas, las
contracciones también presenten coyunturas problemáticas difíciles
de resolver.
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