Mociones de censura en corporaciones locales. Se ha cruzado el ecuador del mandato -hay que manejar muy bien el factor tiempo pero, en principio, no sopla el viento a favor de los censurantes- y en varias localidades, peninsulares y canarias, se vive una incertidumbre que puede degenerar -especialmente en ciudades pequeñas- en hechos poco favorables para la convivencia ciudadana y para el propio prestigio institucional.
Cada presupuesto de una censura es una historia particular. Alguna experiencia personal, por cierto, tenemos en ese campo. Hubo revisiones legislativas y hasta pactos políticos para intentar justificar las razones de la moción pero aquéllas han devenido insuficientes y los pactos, ya se sabe, están para ser incumplidos. Al cabo, todo se sigue reduciendo a la aritmética simple: a los alcaldes les eligen los concejales y si la suma de éstos es superior a los apoyos numéricos que aquéllos tengan, basta. En el camino, todas las razones y sinrazones que se quiera, todas las revanchas, todas las incompatibilidades de caracteres, todos los intereses superiores del municipio, todas las opciones de supervivencia personal, todos los intereses inconfesables, todas las ambiciones, toda la ingobernabilidad (real y artificial: está probado que se puede gobernar en minoría) y hasta todos los efectos políticos colaterales, que ésta es una batalla política que tiene más de un escenario.
Las censuras dejan huella y de su experiencia deberían aprender quienes las practican y las padecen. Pero los estados mayores de los partidos políticos parecen no estar por la labor de acometer una amplia reconsideración de las normas vigentes que empezaría por tumbar el consagrado principio de que el acta de concejal pertenece a quien la haya obtenido y no al partido que concurre y ha cosechado legítimamente determinado número de actas o ediles. La jurisprudencia es copiosa en ese particular y deja bien sentado que santa Rita, Rita, lo que el pueblo da al concejal, si éste quiere, no se lo quita ni aún cambiando de formación política.
Sí quisieron los partidos abrir brecha por esa vía y firmaron el célebre Pacto antitransfuguismo, célebre entre otras cosas, por sucesivos incumplimientos de las partes. Se quería condenar al tránsfuga -uno de los comportamientos más reprobables en democracia-, aislarle y avergonzarle, mediante la retirada de competencias, retribuciones y demás. Ni por esas…
Luego están otras prácticas de índole interna, poco esclarecidas y de dudoso valor jurídico, como son los documentos firmados ante notario por quien acepta ir en una candidatura y se compromete a devolver el acta, con coste dinerario personal incluso.
Pero ese hecho clave, la devolución del acta, que significaría, entre otras cosas, la pérdida de la condición de miembro capitular de una corporación, hay que regularlo, hay que plasmarlo en una ley. Será la única manera de erradicar tránsfugas y tentaciones de adulterar la voluntad popular. Se trata de poner punto final a conductas que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de personas ideológicamente frágiles que acceden a la política creyendo que estas cosas se pueden hacer pues resultan impunes. La tensión de unas vísperas, la presión de una semana, cuatro o cinco insultos y ya está.
Pero se trata también de acabar con vicios que desvirtúan, en cierto modo, la soberanía popular y hasta el propio sistema democrático. Está muy bien lo de respetar derechos individuales pero mejor sería que éstos se ejercieran en un marco donde no se altere la voluntad mayoritaria de un electorado y donde no se dé pie a desnaturalizaciones preñadas de sospechas.
Si la Constitución consagra el papel de los partidos políticos y exige a éstos democracia; y si se aspira a que esta democracia madure y se perfeccione, o al menos, tenga más calidad a tenor de su propia evolución, ya podrían estar los dirigentes debatiendo cómo acabar con ciertas lacras que a todos afectan.
Menos diatribas, menos descalificaciones, menos pérdida de tiempo en negociaciones, menos componendas y más acción de diálogo y consenso para que sea el propio Estado de derecho el que supere asignaturas como ésta: devolver el acta.
Cada presupuesto de una censura es una historia particular. Alguna experiencia personal, por cierto, tenemos en ese campo. Hubo revisiones legislativas y hasta pactos políticos para intentar justificar las razones de la moción pero aquéllas han devenido insuficientes y los pactos, ya se sabe, están para ser incumplidos. Al cabo, todo se sigue reduciendo a la aritmética simple: a los alcaldes les eligen los concejales y si la suma de éstos es superior a los apoyos numéricos que aquéllos tengan, basta. En el camino, todas las razones y sinrazones que se quiera, todas las revanchas, todas las incompatibilidades de caracteres, todos los intereses superiores del municipio, todas las opciones de supervivencia personal, todos los intereses inconfesables, todas las ambiciones, toda la ingobernabilidad (real y artificial: está probado que se puede gobernar en minoría) y hasta todos los efectos políticos colaterales, que ésta es una batalla política que tiene más de un escenario.
Las censuras dejan huella y de su experiencia deberían aprender quienes las practican y las padecen. Pero los estados mayores de los partidos políticos parecen no estar por la labor de acometer una amplia reconsideración de las normas vigentes que empezaría por tumbar el consagrado principio de que el acta de concejal pertenece a quien la haya obtenido y no al partido que concurre y ha cosechado legítimamente determinado número de actas o ediles. La jurisprudencia es copiosa en ese particular y deja bien sentado que santa Rita, Rita, lo que el pueblo da al concejal, si éste quiere, no se lo quita ni aún cambiando de formación política.
Sí quisieron los partidos abrir brecha por esa vía y firmaron el célebre Pacto antitransfuguismo, célebre entre otras cosas, por sucesivos incumplimientos de las partes. Se quería condenar al tránsfuga -uno de los comportamientos más reprobables en democracia-, aislarle y avergonzarle, mediante la retirada de competencias, retribuciones y demás. Ni por esas…
Luego están otras prácticas de índole interna, poco esclarecidas y de dudoso valor jurídico, como son los documentos firmados ante notario por quien acepta ir en una candidatura y se compromete a devolver el acta, con coste dinerario personal incluso.
Pero ese hecho clave, la devolución del acta, que significaría, entre otras cosas, la pérdida de la condición de miembro capitular de una corporación, hay que regularlo, hay que plasmarlo en una ley. Será la única manera de erradicar tránsfugas y tentaciones de adulterar la voluntad popular. Se trata de poner punto final a conductas que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de personas ideológicamente frágiles que acceden a la política creyendo que estas cosas se pueden hacer pues resultan impunes. La tensión de unas vísperas, la presión de una semana, cuatro o cinco insultos y ya está.
Pero se trata también de acabar con vicios que desvirtúan, en cierto modo, la soberanía popular y hasta el propio sistema democrático. Está muy bien lo de respetar derechos individuales pero mejor sería que éstos se ejercieran en un marco donde no se altere la voluntad mayoritaria de un electorado y donde no se dé pie a desnaturalizaciones preñadas de sospechas.
Si la Constitución consagra el papel de los partidos políticos y exige a éstos democracia; y si se aspira a que esta democracia madure y se perfeccione, o al menos, tenga más calidad a tenor de su propia evolución, ya podrían estar los dirigentes debatiendo cómo acabar con ciertas lacras que a todos afectan.
Menos diatribas, menos descalificaciones, menos pérdida de tiempo en negociaciones, menos componendas y más acción de diálogo y consenso para que sea el propio Estado de derecho el que supere asignaturas como ésta: devolver el acta.
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