Un alivio, un respiro, pero tal como están las cosas y a estas alturas del mandato, son válvulas de asistencia muy estimables para el municipalismo que, muy fracturado desde el punto de vista económico-financiero, y sin orientar con mucha claridad el rumbo de la navegación negociadora, empezaba a deambular, a la espera de alguna ‘coramina’ en vena, entre la pasividad y las dudas del desgaste que significará modificar al alza tasas y tributos para poder afrontar los próximos compromisos presupuestarios.
Puede que no falte razón a quienes consideren que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para mitigar las tribulaciones de los ayuntamientos sean esa suerte de pan para hoy y hambre para mañana con la que se suele minusvalorar aquellas determinaciones que intentan despejar un camino ciertamente intrincado y que ha dejado a unas cuantas corporaciones al borde del colapso. Pero aún así, alcaldes y responsables de haciendas municipales habrán dado la bienvenida: la merma de ingresos y otros hechos contextualizados en la recesión les asfixian y el esfuerzo hecho por algunos para sobreponerse a las adversidades crecientes bien merecía algún apoyo suplementario como éste que Rodríguez Zapatero les ha anticipado.
Una de las medidas consiste en restituir al Ministerio de Economía, a partir del año 2011 y a lo largo de cuatro ejercicios presupuestarios, la cantidad global de mil quinientos millones de euros que los ayuntamientos debían devolver en 2010 en concepto de dinero entregado a cuenta pero que luego no ha sido recaudado tributariamente. Eso obligará a afinar los cálculos presupuestarios, partiendo de que hay que consignar obligaciones en esas previsiones de aquí a 2015.
La otra determinación tiene que ver con el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local, el denominado II Plan ‘E’, en principio dotado con cinco mil millones de euros, un 15% de los cuales, o sea, unos 750 millones, será destinado no sólo a inversiones sino a gastos corrientes en materia educativa. Se satisface así una de las aspiraciones que la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había planteado a la hora de esbozar los criterios que serían de aplicación en ese II Plan ‘E’ tras los muy estimables resultados del primero: dar una orientación finalista, pensando en un modelo económico productivo y sostenible y en la materialización, a su vez, de actuaciones sociales, como las señaladas en el ámbito educativo o en el desarrollo de la popularmente conocida como Ley de Dependencia.
Si los municipalistas, en el curso final de la negociación, logran que para la aplicación del Fondo se mantengan los criterios de población y que los importes de la elaboración o redacción de los proyectos (que no podrán ser incluidos en los presupuestos municipales generales) sean considerados como gastos financiables, podrán encarar la recta final del mandato un tanto más desahogados.
Pero no deberán perder la perspectiva del déficit estructural que a muchos atenaza. La contención de gastos deberá seguir siendo la principal premisa para poder garantizar la prestación de los servicios, sobre todo, con los estándares de calidad que los ciudadanos exigen, sea cual sea la fórmula de prestación.
En ese sentido, serán decisivos los resultados de la negociación entablada con el Gobierno de la nación para concretar la financiación local en la próxima década y, de paso, sustanciar acuerdos en materia de estabilidad presupuestaria. Habrá que confiar en los avances producidos en el ámbito de la Comisión Nacional de Administraciones Locales derivados de la fijación de los porcentajes de déficit para los tres próximos ejercicios presupuestarios. El de este año, por cierto, quedó fijado en el 0,3%.
En cualquier caso, y a la espera de los resultados de la negociación, entre los nubarrones que perduran, dos conclusiones: el ejecutivo de Rodríguez Zapatero acredita nuevamente que es sensible con las dificultades de las instituciones locales y que los responsables de éstas deben tener muy claro que se acabaron los tiempos de alegría y despilfarro en la administración de los recursos públicos que cada vez escasearán más y por tanto habrán de hacer controles y reajustes si no quieren que la quiebra de la hacienda enferma sea irreversible.
Puede que no falte razón a quienes consideren que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para mitigar las tribulaciones de los ayuntamientos sean esa suerte de pan para hoy y hambre para mañana con la que se suele minusvalorar aquellas determinaciones que intentan despejar un camino ciertamente intrincado y que ha dejado a unas cuantas corporaciones al borde del colapso. Pero aún así, alcaldes y responsables de haciendas municipales habrán dado la bienvenida: la merma de ingresos y otros hechos contextualizados en la recesión les asfixian y el esfuerzo hecho por algunos para sobreponerse a las adversidades crecientes bien merecía algún apoyo suplementario como éste que Rodríguez Zapatero les ha anticipado.
Una de las medidas consiste en restituir al Ministerio de Economía, a partir del año 2011 y a lo largo de cuatro ejercicios presupuestarios, la cantidad global de mil quinientos millones de euros que los ayuntamientos debían devolver en 2010 en concepto de dinero entregado a cuenta pero que luego no ha sido recaudado tributariamente. Eso obligará a afinar los cálculos presupuestarios, partiendo de que hay que consignar obligaciones en esas previsiones de aquí a 2015.
La otra determinación tiene que ver con el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local, el denominado II Plan ‘E’, en principio dotado con cinco mil millones de euros, un 15% de los cuales, o sea, unos 750 millones, será destinado no sólo a inversiones sino a gastos corrientes en materia educativa. Se satisface así una de las aspiraciones que la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había planteado a la hora de esbozar los criterios que serían de aplicación en ese II Plan ‘E’ tras los muy estimables resultados del primero: dar una orientación finalista, pensando en un modelo económico productivo y sostenible y en la materialización, a su vez, de actuaciones sociales, como las señaladas en el ámbito educativo o en el desarrollo de la popularmente conocida como Ley de Dependencia.
Si los municipalistas, en el curso final de la negociación, logran que para la aplicación del Fondo se mantengan los criterios de población y que los importes de la elaboración o redacción de los proyectos (que no podrán ser incluidos en los presupuestos municipales generales) sean considerados como gastos financiables, podrán encarar la recta final del mandato un tanto más desahogados.
Pero no deberán perder la perspectiva del déficit estructural que a muchos atenaza. La contención de gastos deberá seguir siendo la principal premisa para poder garantizar la prestación de los servicios, sobre todo, con los estándares de calidad que los ciudadanos exigen, sea cual sea la fórmula de prestación.
En ese sentido, serán decisivos los resultados de la negociación entablada con el Gobierno de la nación para concretar la financiación local en la próxima década y, de paso, sustanciar acuerdos en materia de estabilidad presupuestaria. Habrá que confiar en los avances producidos en el ámbito de la Comisión Nacional de Administraciones Locales derivados de la fijación de los porcentajes de déficit para los tres próximos ejercicios presupuestarios. El de este año, por cierto, quedó fijado en el 0,3%.
En cualquier caso, y a la espera de los resultados de la negociación, entre los nubarrones que perduran, dos conclusiones: el ejecutivo de Rodríguez Zapatero acredita nuevamente que es sensible con las dificultades de las instituciones locales y que los responsables de éstas deben tener muy claro que se acabaron los tiempos de alegría y despilfarro en la administración de los recursos públicos que cada vez escasearán más y por tanto habrán de hacer controles y reajustes si no quieren que la quiebra de la hacienda enferma sea irreversible.
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