MUCHOS MILLONES

Es la primera vez que escribimos sobre Tebeto, el nombre de una montaña en Fuerteventura, que, mediante la fórmula de una concesión administrativa, iba a convertirse en una explotación minera. El Gobierno de Canarias había declarado caducada la concesión de investigación inicialmente acordada y el empresario titular de la empresa adjudicataria terminó pleiteando con el ejecutivo autonómico. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado a favor del empresario y condena al Gobierno a abonar la cantidad de ciento un millones de euros. Los recursos posteriores del Gobierno han sido desestimados, pese a la advertencia de que "el abono inmediato causaría un grave quebranto a las arcas autonómicas y más en un contexto de crisis económica donde podrían resentirse los servicios públicos esenciales".

Como no podía ser de otra manera en una tierra sacudida por los escándalos y por casos de corrupción, a cual más inquietante, brotó la controversia política. Los distintos puntos de vista han alcanzado su cénit a propósito de la amistad entre el empresario y el juez que dictó la sentencia. Luego están los efectos colaterales: que si la valoración, que si la ética, que si el enriquecimiento injusto... Gobierno y oposición se han enzarzado en una de esas refriegas que va subiendo de tono hasta que llega el momento en que los protagonistas no saben qué decir, los informadores consideran que el filón está agotado y la ciudadanía termina asqueada, cansada y harta de que un día sí y otro también, las coordenadas políticas de esta tierra parezcan malditas, lo que un día llamamos la undécima plaga de Egipto.

Pero, bueno, hay que remitirse a esa preocupante declaración pública del Gobierno autónomo. Ha sido el propio vicepresidente, José Manuel Soria (PP), quien lo ha anunciado: recortes en la prestación de los servicios esenciales. Dicho de otro modo, cabildos y ayuntamientos, que son quienes básicamente los prestan, lo van a notar. Mejor dicho, la que lo va a acusar, la que se resiente es la población.

Independientemente de las interpretaciones que se hagan, especialmente en la supuesta defensa de los intereses generales, resulta evidente que el Gobierno de Canarias debe agotar todas las vías para impedir que la ciudadanía canaria sufra más. Pero no basta con anuncios como el apuntado ni con planteamientos sesgados para que la sentencia parezca un castigo a la población. No basta con las válvulas de escape de titulares ocurrentes y afortunados.

Se quiere algo más y corresponde al ejecutivo la iniciativa: hay que apretarse el cinturón, hay que restringir, hay que prescindir de aquellos gastos que ahora mismo responden a conceptos innecesarios. Ejemplo: la policía autonómica.

Aquéllos que criticaron su puesta en marcha, aquellos que no estaban nada convencidos de su utilidad, aquí y ahora tienen una excelente oportunidad para, al menos, aplazar su creación y entrada en funcionamiento.

Y es quien ciento y un millones de ¡tebetos!, perdón, de euros, para unas economías maltrechas, son muchos millones.

Pobres canarios.