Igual lo tomaron al pie de la letra, eso de que en toda crisis surgen oportunidades, y enarbolaron la bandera de la reorganización municipal territorial, como si fuera un invento de lo más novedoso, como si fuera la primera vez que se habla de las más de ocho mil entidades locales españolas.
Cualquier lectura, de verdad. Desde válvula de escape a anacronismos, desde teoría inviable a utilización perversa de la idea para inyectar sustancia a causas que dormían plácidamente (fusión Santa Cruz-Laguna, por ejemplo) o laten absurdamente a conveniencia de unos pocos, desde devaneos y recursos a la desesperada a manifiesta expresión del agotamiento de iniciativas que interesen realmente a una población cada vez más desencantada con la política en en Canarias. La confusión en la que se desemboca acaba por producir un nuevo desapego de la ciudadanía.
Muchos responsables públicos empiezan a desmarcarse. Bastante tienen con el descontento funcionarial, con los apremios de las demandas sociales, con los trámites de proyectos que han salvado su consignación presupuestaria y con asegurar los recursos para la nómina mensual como para entretenerse en debates que, probablemente, se disolverán después del verano cuando las prisas para inaugurar y los procesos para configurar las candidaturas sean las que predominen.
No nos engañemos: como va a ser prácticamente imposible fusionar municipios, hay que madurar las alternativas que, por fortuna, las hay, aunque falte cultura política y cultura cívica para asumirlas y llevarlas a la práctica. A ver quién le dice a la gente de El Sauzal -por poner un ejemplo- que en el futuro será Tacoronte el ayuntamiento del que dependan. Nadie, al menos de los que pierdan entidad, personalidad, valores históricos o funcionalidad futura, de los que se sientan perjudicados, pues, va a renunciar a nada. Al contrario, hasta es probable que sea un hecho para reaccionar y para rechazar. ¿Aceptaría Santa Cruz de Tenerife -una pregunta para otro ejemplo- que el centro, o la capital administrativa estuviera en La Laguna?
Otra cosa es que los regidores y munícipes estudien a fondo experiencias de funcionamiento de fórmulas como las mancomunidades de servicios y consorcios. Y que los partidos políticos hablen entre sí para alcanzar un gran acuerdo que sirva de base jurídico-administrativa al desarrollo futuro de los municipios. Ya se verá si es necesaria una nueva distribución territorial, aceptando la comarca como unidad geográfica natural, o son otros criterios los que inspiren esas hipotéticas circunscripciones. Ya se verá...
No será fácil, en cualquier caso, vislumbrar una solución plenamente satisfactoria. Ahí tienen los antecedentes de la operatividad de las mancomunidades de servicios con las que la gente se ha identificado poco y otras, por múltiples razones en las que no faltan turbios intereses políticos, han devenido en fracaso y subsisten a duras penas o desaparecen, como es la del Norte de Tenerife. Las escasas excepciones de buen funcionamiento y prestación de servicios son plausibles.
Seguro que esa carencia de identificación ciudadana se asocia a una voluntad política nula para hacer de las entidades supramunicipales una referencia institucional respetable, capaces de implicarse en el tejido social e ir creando poco a poco un sentimiento y una cultura que superen ciertos localismos, recelos pueblerinos y las políticas de campanario. Lastimosamente, los intentos de relanzamiento o de renovación de alguna existente no han pasado de meras fotografías periodísticas. Ni siquiera hechos como las posibilidades de una planificación común, de consecuencias de adversidades meteorológicas o de necesidades de equipamientos y el mismo color político de los gobernantes de turno han favorecido esas efímeras expectativas. Ni la concepción catalana de la figura comarcal ni el sólido empirismo del municipalismo francés han interesado mucho a quienes tenían obligación de ir planteando algún avance en estas materias.
Además de las mancomunidades, figuran los consorcios de servicios que, convenientemente gerenciados, podrían servir, sobre todo, para abaratar costos en la prestación de determinados servicios -he aquí la clave de la cuestión-, como pudieran ser la recogida domiciliaria de basuras, protección civil y las actuaciones festivo-culturales.
En fin: asignatura complicada que surge en un momento delicado de recesión económica e incertidumbre financiera y en el no menos delicado período final de la legislatura y del mandato. No es para andarse con devaneos. A ver qué hacen los partidos cuando elaboren su oferta programática para intentar aprobarla.
Cualquier lectura, de verdad. Desde válvula de escape a anacronismos, desde teoría inviable a utilización perversa de la idea para inyectar sustancia a causas que dormían plácidamente (fusión Santa Cruz-Laguna, por ejemplo) o laten absurdamente a conveniencia de unos pocos, desde devaneos y recursos a la desesperada a manifiesta expresión del agotamiento de iniciativas que interesen realmente a una población cada vez más desencantada con la política en en Canarias. La confusión en la que se desemboca acaba por producir un nuevo desapego de la ciudadanía.
Muchos responsables públicos empiezan a desmarcarse. Bastante tienen con el descontento funcionarial, con los apremios de las demandas sociales, con los trámites de proyectos que han salvado su consignación presupuestaria y con asegurar los recursos para la nómina mensual como para entretenerse en debates que, probablemente, se disolverán después del verano cuando las prisas para inaugurar y los procesos para configurar las candidaturas sean las que predominen.
No nos engañemos: como va a ser prácticamente imposible fusionar municipios, hay que madurar las alternativas que, por fortuna, las hay, aunque falte cultura política y cultura cívica para asumirlas y llevarlas a la práctica. A ver quién le dice a la gente de El Sauzal -por poner un ejemplo- que en el futuro será Tacoronte el ayuntamiento del que dependan. Nadie, al menos de los que pierdan entidad, personalidad, valores históricos o funcionalidad futura, de los que se sientan perjudicados, pues, va a renunciar a nada. Al contrario, hasta es probable que sea un hecho para reaccionar y para rechazar. ¿Aceptaría Santa Cruz de Tenerife -una pregunta para otro ejemplo- que el centro, o la capital administrativa estuviera en La Laguna?
Otra cosa es que los regidores y munícipes estudien a fondo experiencias de funcionamiento de fórmulas como las mancomunidades de servicios y consorcios. Y que los partidos políticos hablen entre sí para alcanzar un gran acuerdo que sirva de base jurídico-administrativa al desarrollo futuro de los municipios. Ya se verá si es necesaria una nueva distribución territorial, aceptando la comarca como unidad geográfica natural, o son otros criterios los que inspiren esas hipotéticas circunscripciones. Ya se verá...
No será fácil, en cualquier caso, vislumbrar una solución plenamente satisfactoria. Ahí tienen los antecedentes de la operatividad de las mancomunidades de servicios con las que la gente se ha identificado poco y otras, por múltiples razones en las que no faltan turbios intereses políticos, han devenido en fracaso y subsisten a duras penas o desaparecen, como es la del Norte de Tenerife. Las escasas excepciones de buen funcionamiento y prestación de servicios son plausibles.
Seguro que esa carencia de identificación ciudadana se asocia a una voluntad política nula para hacer de las entidades supramunicipales una referencia institucional respetable, capaces de implicarse en el tejido social e ir creando poco a poco un sentimiento y una cultura que superen ciertos localismos, recelos pueblerinos y las políticas de campanario. Lastimosamente, los intentos de relanzamiento o de renovación de alguna existente no han pasado de meras fotografías periodísticas. Ni siquiera hechos como las posibilidades de una planificación común, de consecuencias de adversidades meteorológicas o de necesidades de equipamientos y el mismo color político de los gobernantes de turno han favorecido esas efímeras expectativas. Ni la concepción catalana de la figura comarcal ni el sólido empirismo del municipalismo francés han interesado mucho a quienes tenían obligación de ir planteando algún avance en estas materias.
Además de las mancomunidades, figuran los consorcios de servicios que, convenientemente gerenciados, podrían servir, sobre todo, para abaratar costos en la prestación de determinados servicios -he aquí la clave de la cuestión-, como pudieran ser la recogida domiciliaria de basuras, protección civil y las actuaciones festivo-culturales.
En fin: asignatura complicada que surge en un momento delicado de recesión económica e incertidumbre financiera y en el no menos delicado período final de la legislatura y del mandato. No es para andarse con devaneos. A ver qué hacen los partidos cuando elaboren su oferta programática para intentar aprobarla.
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