Manuel Fernández, veterano político herreño, actualmente secretario general del Partido Popular de Canarias, ha declarado, muy ufano, (Diario de Avisos, domingo 19 de septiembre) que ni el caso de los gastos del Grupo Municipal ni los sucesos políticos ocurridos en torno a Angel Llanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, van a pasar factura a la formación de derechas en las próximas elecciones. Dice Fernández, pluralizando, que "estamos convencidos".
Y claro, por mucha convicción, por mucha interiorización y por mucha confianza que se tenga en la desmemoria del personal o en el apoyo incondicional a las siglas o a la marca, la manifestación de Fernández entraña hasta una cierta insolencia. Porque, ¿qué mensaje ha querido lanzar? ¿Que da igual todo? ¿Que hagan lo que hagan los cargos públicos del PP no pasará nada? ¿Que la población es mucho más condescendiente con las irregularidades, trapisondas, espionajes, tramas de financiación y presuntas corruptelas de personas vinculadas a esa formación política?
Si ese ha sido el mensaje, flaco favor. A la democracia y a su propio electorado.
No se pide flagelos públicos ni actos de contrición ni drásticas decisiones internas ni ejercicios de autocrítica pero tampoco tomar por tonta a la ciudadanía. Se puede defender hasta el límite la presunción de inocencia pero dar a entender que, por muchas evidencias de ilícitos o prácticas viciadas, no va a haber factura en las urnas, es mucho suponer.
Entonces, Fernández da por hecho que el voto de castigo siempre recae en los mismos. Se puede tener fe ciega y prestar apoyo incondicional pero no se puede menospreciar la inteligencia o la capacidad de discernimiento de los ciudadanos. Decir esas cosas es como legitimar comportamientos y conductas que son reprobables en el ejercicio del cargo público. Y hasta ahí sí que no se debe llegar. Por principios. Por convicción. Por prurito democrático.
Bien que se ha encargado el secretario general de los populares canarios, junto a otros compañeros de formación, de denunciar todo aquello que les ha parecido reprochable del adversario socialista. A veces, o en algunos casos, sin reparar en gastos. No sólo pidiendo todo el peso de la justicia sino desgastando al presunto implicado y sugiriendo precisamente eso, retirada de confianza del electorado.
No sólo está legitimado para hacerlo sino que está en su derecho de ejercer la crítica que alguna actuación o posición política le merezcan.
Pero que la supuesta defensa ante una previsible tendencia de los ciudadanos sea la huida hacia adelante contenida en ese ¡a nosotros, plim!, en esa indiferencia o en esa condescendencia ilimitada por muchas facturas que saquen y por mucho que el entreguismo en institucuiones como el ayuntamiento capitalino cobre caracteres inusitados, por mucho que Fernández crea que todo el monte es orégano, no es de recibo.
Menos mal que la franqueza, la sensatez y la dignidad de compañeros suyos como Miguel Cabrera o Alfonso Soriano en casos como los que apuntó Fernández, permiten apreciar que ni orégano ni indolencia ni estulticia.
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