En
campaña electoral ya hasta el próximo 26 de mayo, interesa conocer
el tratamiento que ofertas programáticas y agentes sociales
dispensen a un sector productivo como el turismo, con especial peso
en el Producto Interior Bruto (PIB) de todo el país y de muchas
comunidades autónomas.
Deténgamonos
en el posicionamiento de una asociación empresarial sin ánimo de
lucro como es Exceltur, integrada por veintiocho de las más
relevantes empresas de toda la cadena de valor turística, con un
volumen de negocio superior a los treinta mil millones de euros y con
doscientos veinte mil empleados directos para desarrollar actividades
comerciales en ciento setenta y cinco países. Un auténtico lobby
que opera para “potenciar un mayor reconocimiento socieconómico de
lo que aporta y representa el turismo como principal sector de la
economía española”; y también para “propiciar los mayores
niveles de competitividad que consoliden un liderazgo y crecimiento
rentable y sostenible de la actividad turística en España”.
Exceltur
ha tomado la iniciativa tras entender que, en la última legislatura,
el turismo ha perdido prioridad en los programas y la agenda de los
ejecutivos autonómicos y locales, tal como se concluye en un informe
Monitor de Competitividad Turística de las Comunidades Autónomas
Españolas elaborado por la citada organización empresarial que
quiere revisar la situación en busca de un mayor protagonismo en el
sector durante los próximos cuatro años.
La
iniciativa se plasma en forma de decálogo de propuestas, desglosado
a su vez en dos partes: una, dedicada a la iniciativas individuales
de cada comunidad; y otra, a los proyectos conjuntos. Veamos una
síntesis:
En
lo que respecta a la singularidad de cada ámbito, se sugiere que
cada nuevo gobierno disponga de una estructura organizativa en la que
el papel del turismo se más relevante, con el fin de “impulsar y
renovar una estretagia turística más competitiva e integral”.
Ello debe incidir en el itinerario de objetivos que se trace cada
destino: desde una oferta más diversificada a la mayor
integración/empatía de la ciudadanía.
El
lobby Exceltur estima que se debe promover con mayor convicción los
instrumentos de coordinación de las políticas turísticas de cada
gobierno autónomo con la Administración General del Estado
“asumiendo la gestión turística como una política de Estado
sustentada en la marca España”. Igualmente, recomienda reforzar la
cooperación entre los sectores público y privado y establecer un
sistema de estímulos a la inversión en renovación y
reposicionamiento de la oferta. Se niega la creación y aplicación
de nuevas tasas, aunque es partidario de incrementar las dotaciones
presupuestarias para dar respuesta a los nuevos retos de la política
turística en general.
La
segunda parte del decálogo, como hemos dicho, está dedicada a los
proyectos que podrían englobarse, esto es, conjuntos, como la
creación de líneas de productos/experiencias turísticas bajo una
estrategia nacional conjunta, teóricamente favorecedora de
estándares comunes de calidad y de un 'marketing' directo al
turista.
Hay
que impulsar la digitalización de los destinos, dice Exceltur, que
también fija posición en un controvertido asunto de nuestros días:
avanzar en una normativa común frente al reto de las viviendas
turísticas, de modo que los ayuntamientos tengan un papel central
con el fin de adecuar la adecuación a su modelo urbano.
Finalmente,
en este apartado, el lobby es partidario de constituir un sistema de
“inteligencia turística” liderado a escala nacional “y alinee
las iniciativas y los esfuerzos de las Comunidades Autónomas para
cubrir sus necesidades de información y reforzar la toma de
decisiones público-privadas”.
Bien.
Pues todas estas declaraciones de intenciones habrá que tenerlas en
cuenta para ver cuáles son los grados de entendimientos posteriores.
Los años venideros, con sus nuevas realidades y sus incógnitas,
serán determinantes para el sector.
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