Celebrar
el Día Mundial de la Libertad de Prensa cuando están frescas las
sacudidas de la clausura de tres cabeceras en el panorama mediático
de Tenerife, sugiere de inmediato que hay poco o nada que celebrar.
La sociedad insular se ha quedado, en el curso de pocas semanas, con
menos opciones informativas con las que lleva años familiarizada, a
la vez que constata que el pluralismo va mermando considerable y
progresivamente. Decenas de trabajadores y familias se han visto
privadas acaso de su único ingreso, además de haber sido
interrumpida, en unos cuantos casos, la trayectoria profesional
extendiendo de paso, tal como está el mercado laboral, una notoria
incertidumbre.
No
son buenos tiempos, pues, para el periodismo y para el sector de la
comunicación, golpeados por circunstancias tras las que siempre
pierden los mismos, lo más frágiles, los más desprotegidos.
Tengamos en cuenta tanto la precariedad laboral como el deterioro de
los salarios y la desigualdad de éstos entre hombres y mujeres para
señalar que, si se suman a amenazas y exclusiones, en efecto, hay
poco o nada que celebrar.
A
sabiendas, claro, de que no son los únicos problemas. Las presiones
de los poderes y el sesgo de algunos medios, públicos y privados,
unidas a deficientes gestiones empresariales y a la excesiva
dependencia de intereses comerciales o de otro tipo, contribuyen, tal
como ha recordado la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), a un sensible deterioro de la libertad de prensa.
Para colmo, a raíz de algunas legítimas operaciones de empresas
editoras, ha reaparecido el fantasma de la concentración de medios
cuyas repercusiones, en el pasado, no fueron muy positivas que
digamos para los consumidores de la información.
Para
la FAPE, “los ataques a la libertad de prensa tienen como objetivo
impedir que los medios de comunicación cumplan su misión de
garantizar el acceso a una información libre, pluralista e
independiente de los poderes políticos y económicos”. Su
reflexión va más allá: las presiones, la desinformación y la
pérdida de la exclusividad de la intermediación entre los hechos y
la ciudadanía -”hoy en manos de la ciudadanía”, asegura- son
evidentes factores de riesgo a los que las y los periodistas deben
hacer frente con una actuación profesional rigurosa, esto es,
ejerciendo un periodismo basado en la veracidad, que haya sido
verificado de forma cabal y contrastado con fuentes fiables para
respetar y hacer cumplir los códigos deontológicos propios.
Desde
luego, si se quiere la libertad de prensa sea un pilar fundamental de
las libertades y de la convivencia democrática, hay que esmerarse,
desde el mismo periodismo, en un ejercicio honesto y riguroso,
avalado por la veracidad para lograr un tratamiento informativo
adecuado que sustancie productos creíbles y cualificados. En una
fecha como la de hoy, buena para recordar que sin periodistas no hay
libertad ni democracia, la posición de la FAPE es consecuente:
abogar por “un periodismo que anteponga los intereses de los
ciudadanos a los intereses de los poderes, que fomente la convivencia
y la tolerancia y rechace la bronca y las descalificaciones”. Que,
desgraciadamente, se registran, vaya que sí.
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