En
su publicación titulada Estado
de Derecho y Democracia, el
profesor Elías Díaz señala que los derechos humanos constituyen la
razón de ser del Estado de Derecho, al cual define como “la
institucionalización jurídica de la democracia”. Es indispensable
entonces la existencia de “instituciones que articulen
coherentemente y hagan posible (las) ineludibles exigencias éticas
básicas y fundamentales”. Esas instituciones, según el profesor
Díaz, partiendo de que están revitalizadas continuamente por su
homogenización crítica con la sociedad civil, son, las que, a su
juicio, “se configuran en el modelo jurídico-político que
seguimos denominando Estado de Derecho”.
El requisito
esencial de todo Estado de Derecho consiste en el sometimiento de la
ciudadanía y, sobre todo, de los poderes públicos al derecho.Todo
se promueve y todo se resuelve conforme al ordenamiento jurídico.
Esas son las reglas del juego y hay que respetarlas. Se trata,
entonces, de que el Estado Derecho funcione con tal de garantizar la
convivencia y el principio de seguridad jurídica.
A lo largo de
las últimas fechas hemos asistido a algunos acontecimientos que
ponen a prueba ese funcionamiento y la solidez de las estructuras
institucionales que lo sustentan. Son ejemplos de la importancia que
entrañan para la propia democracia pues su repercusión en la
convivencia aludida es evidente.
Veamos. En
Estados Unidos, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dio a
conocer la activación del procedimiento constitucional de un juicio
político (conocido como 'impeachment') contra el presidente de la
nación por una mala conducta. Habrá que demostrar, claro, que el
inefable Donald Trump (ahora mismo contra las cuerdas) presionó o
coaccionó al al Gobierno de Ucrania para que investigase al hijo del
ex vicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata a la presidencia
estadounidense.
En
el Reino Unido, el Tribunal Supremo declaró, por unanimidad, ilegal
y nula la suspensión del Parlamento durante cinco semanas, impulsada
por el primer ministro, Boris Johnson, para evitar que la Cámara de
los Comunes bloquease sus planes para el brexit.
Se
trataba de un hecho insólito en la historia del parlamentarismo
británico y tuvo que ser resuelto por el Supremo.
España, más
recientemente. Por un lado, el Tribunal Supremo, también por
unanimidad, ha dado luz verde, esto es, desestimando los recursos
presentados por la familia, a la exhumación de los restos de
Francisco Franco, depositados desde 1975 en el Valle de los Caídos.
Lo había acordado el Congreso de los Diputados, el Gobierno
presidido por Pedro Sánchez ordenó el traslado al cementerio de El
Pardo, donde fue enterrada su viuda. Es probable que la decisión sea
recurrida y que hasta despierte alguna controversia política. Pero
la determinación unánime del Supremo tiene mucho peso y se barrunta
improbable la marcha atrás.
Y por otro, la
Guardia Civil, en coordinación con los Mossos d 'Esquadra, por orden
judicial, detuvo a miembros de los Comités de Defensa de la
República (CDR) de Catalunya a los que se investiga para acreditar
su vinculación por presuntos delitos de terrorismo. Queda pendiente
la decisión de los tribunales correspondientes.
Es
decir, el poder judicial acredita el funcionamiento del Estado de
Derecho, por muy delicadas que sean las situaciones a las que debe
enfrentarse. Eso tranquiliza, claro que sí. En tiempos de
nacionalpopulismo y de gobernantes caprichosos, gratifica comprobar
que los mecanismos de defensa de la Constitución responden cuando
son activados. Y que se protegen tanto las libertades como los
derechos de participación política. Una garantía, vaya. Para eso,
el Estado somete a todos, a ciudadanos y poderes públicos, al ámbito
del Derecho.
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