EDUCACIÓN DIGITAL

 

Arrancó el curso educativo en Canarias. Entre incertidumbres y con algunas estampas inauditas como esa foto de padres, madres y allegados amontonados –unos cuantos sin mascarilla- en el exterior de un colegio que ha circulado por las redes como si se hubiera querido poner en evidencia lo que no hay que hacer. No es anecdótico en los tiempos que corren, después de enésimas apelaciones a la responsabilidad cívica y en el contexto de un arranque caracterizado por el propósito de asegurar la presencialidad y la seguridad, por un lado; y de otro, por los preparativos específicos en los centros y las cifras de los distintos niveles de la comunidad educativa, algunas muy reveladoras, como los ciento sesenta mil escolares de Infantil y Primaria que se incorporaron el pasado martes. Hay casi trescientos veinticinco mil estudiantes en educación secundaria, bachillerato y formación profesional, a los que hay que sumar los de enseñanzas artísticas y los de idiomas que iniciarán las clases en las próximas fechas.

Desde la consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se destaca el esfuerzo realizado por el Ejecutivo canario para este nuevo curso escolar, en el que la Comunidad Autónoma contará con 3.765 docentes, 2.600 de los cuales para refuerzo de plantilla por COVID, a causa de los desdobles de grupos y de otras necesidades de los centros educativos, 402 auxiliares de servicios complementarios y 18 subalternos más que el año pasado. Además, se producirá la incorporación de 50 educadoras y educadoras sociales en el marco del programa PROA+ y se contratará a 78 nuevos orientadores y orientadoras (47 destinados a Infantil y Primaria, 27 a Secundaria, y cuatro formarán parte de los dos equipos provinciales que se crearán para la atención y asesoramiento a familias, profesorado y alumnado con trastornos graves de las emociones y la conducta), el mayor incremento que se ha producido desde la creación de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP).

Pero quedémonos con otro hecho relevante de este campo educativo: la puesta en marcha, este curso, del Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI. Contará con una ficha financiera de 11,4 millones de euros, procedentes del Estado, la Comunidad Autónoma y la Unión Europeas (UE). El plan consigna la adquisición de 24.500 dispositivos (13.000 ordenadores y 9.000 tabletas con conexión a Internet.

Creemos estar ante un paso decisivo para ejercer el derecho a la educación digital regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y que se convertirá en una modalidad fundamental si la pandemia no remite y no habrá otra alternativa a los sistemas de enseñanza. El sistema educativo, en efecto, tiene que garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y que el aprendizaje del uso de los medios digitales sea seguro, así como respetuoso con la dignidad humana, los derechos fundamentales y los valores constitucionales. Una atención especial a la intimidad personal y familiar y la protección de datos, completa la dimensión de este derecho.

El Plan de Acción Digital, según una comunicación de la Comisión Europea de enero de hace dos años, señala que “las capacidades digitales son, junto con la alfabetización y las matemáticas elementales, necesarias en todos los ámbitos de la vida”. Las competencias digitales, aún algo difuminadas en el el sistema educativo vigente, generarán un debate interesantísimo pensando en el futuro inmediato. Es cuestión de estar muy atentos. La comunidad educativa habrá de dar una respuesta determinante para el futuro inmediato. En ese sentido, no puede permanecer ajena a los aprendizajes que se adquieran por esa vía ni insensible a un hecho o una modalidad que ha venido para quedarse… y predominar.