Igual no es muy feliz el término pero es evidente que el asunto de los remanentes de las liquidaciones presupuestarias municipales se ha desmadrado. Degeneró en una controversia que ha servido más bien para debilitar al municipalismo y situarlo en un trance delicado cuando más necesitaba de unidad para afrontar la emergencia sanitaria y la prestación solvente de los servicios. El último paso de una secuencia que se va enredando –y ojalá que no hay que cumplir con aquello de ‘y lo que te rondaré morena’- consiste en rechazar el contenido de una segundo decreto propuesto por el ministerio de Hacienda. Así lo acordó la junta de portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que la posición socialista, sin ser tan explícito su desacuerdo, consistía en reclamar un fondo de cinco mil millones de euros que no dependa de que los ayuntamientos tengan superávit y poder gastar lo que coloquialmente se conoce como “ahorros municipales”.
Esta alternativa tiene sustancia, claro que sí. Porque no solo se trata de suspender la regla de gasto sino incluir esa cantidad, que ya aparecía en el primer decreto, pero sin estar vinculada ni a préstamos, a tener ahorros ni a tener superávit. También reclaman, por cierto, el Fondo de Transportes para sufragar el déficit de aquellas empresas municipales que lo registrasen.
Hay quien se pregunta si la medida propuesta, en sí misma, era positiva o negativa. Algún jurista consultado señala que no hay normas positivas o negativas. Toda Ley tiene aspectos positivos pero también negativos. Esta no es una excepción y nos suscita un dilema: ¿Es preferible ceder los remanentes al Estado antes que tenerlos en los bancos? La disyuntiva lleva, por cierto, a una discutible contraposición de ideas: desde el municipalismo a menudo se recuerda que los ayuntamientos son Estado “a la hora de pedir”, pero se olvida que son Estado a la hora de contribuir en una situación de crisis galopante.
A ver cuál es el final de la historia porque hay que soldar las heridas del cisma. Cuando los ayuntamientos se unen, consiguen lo que se proponen. Se rompió la unidad, es verdad; pero cuando actúan al margen de los intereses de partidos y hacen lo que dicen siempre pero no hacen, esto es, defender los intereses de sus municipios, raro es que no materialicen sus aspiraciones. Quien esperó, ganó.
En el fondo, lo sucedido, el desacuerdo, el resultado de la votación parlamentaria, son también el reflejo del encono y de la dificultad máxima para entenderse entre las representaciones políticas institucionales, empeñadas en no acercar posturas, en no acreditar empatía en las negociaciones y en, definitiva, en no ponderar. De ahí, brotan algunas preguntas que igual explican algunas sinrazones de la controversia:
-Si se trata de prestar dineros, ¿por qué no pactar una fecha de devolución y consensuar el destino de los mismos?
-Por qué la cesión se debía llevar a cabo sobre la totalidad del remanente de tesorería y no una parte?
-¿Por qué el Gobierno dispuso para los ayuntamientos, sin respetar la autonomía local, el destino del fondo de los cinco mil millones de euros?´
El desgaste ha sido notable pero la última palabra no está dicha. Que lo sucedido sea una lección para todos. Y un empujón más hacia el acuerdo final. Tras el desmadre.
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