¿Y AHORA?

 

El Gobierno ha de ser consciente de que alinea a casi todos en contra. Le tienen ganas. Quedó acreditado ayer, en el Congreso de los Diputados, cuando una mayoría de los grupos parlamentarios, prácticamente toda la oposición, derogó el Decreto-Ley de los remanentes municipales aprobado previamente por el ejecutivo. Es su primera derrota parlamentaria, que, por un lado, desde el ángulo del funcionamiento institucional y democrático no debe asustar (especialmente por aquéllos que hablan de dictadura socialcomunista y etiquetas totalitaristas varias); pero, por otro, ha de procurar que no se repitan y proliferen pues van germinando un desgaste político que, tal como están las cosas, difícilmente mitigará, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se apresuró a negarlo tras el episodio. Al contrario, para reafirmar sus convicciones y sus argumentos, afirmó que “los grandes perjudicados serán los ayuntamientos”.

Ya se verá. No es la primera vez, en efecto, que en trances así se revisan esquemas de diálogo y negociación en los que algunas de las partes tienen que ceder. Aquí, el pecado original se sigue llamando Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda y Función Pública con Mariano Rajoy, con su Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma calificada de ‘economicista’ que no supo dar respuesta al concepto de “coste estándar del servicio”, agravada por otra, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que produjo un gran rechazo en el ámbito del municipalismo al desatar un conflicto claro que atenta contra la defensa de la autonomía local. Sin embargo, y a pesar de la lucha mantenida durante los últimos años, con una acentuada reivindicación municipalista, canalizada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no hubo manera de reconducir la situación, especialmente en lo que concernía a la utilización de los remanentes presupuestarios por parte de las corporaciones locales. Cuando parecía que todo estaba a punto de caramelo, el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, salvó el que ya era un cisma evidente entre los municipalistas y daba paso a la fórmula técnico-jurídica convenida con el Gobierno que, elevada ayer al Congreso, cayó en una votación que será recordada y que obliga a replantearse algunas cosas.

Porque la derrota parlamentaria queda ahí, pero ¿seguro que han ganado los ayuntamientos? El Partido Popular, que bastante tiene con lo que entraña ahora mismo el caso Kitchen, habló de fragilidad en el margen de maniobra que asiste al Gobierno; y Coalición Canaria se adelantaba a calificar de buena noticia que el Congreso impidiera, en fraseología discutible, que el “Estado no se apropie finalmente de los ahorros municipales”. En su consideración, si hubiera prosperado el decreto que promovía el Gobierno, los “ayuntamientos se hubieran quedado sin capacidad de respuesta”.

A la espera de nuevo acuerdo o nueva fórmula, seguirán sin tenerla. La ministra Montero ha sido clara al afirmar que no habrá más propuestas tras la derogación, si bien ya no habrá interlocución única con la federación municipalista ya que se espera en la escena la aportación de los grupos parlamentarios, que habrán de hilar fino y esmerarse para presentar propuestas sólidas y viables en un contexto complejo. En todo caso, en buena lógica, corresponde a quienes votaron ‘no’ elaborar una alternativa que exigirá unos máximos niveles de consenso que no serán fáciles de alcanzar teniendo en cuenta la heterogeneidad de los ayuntamientos y los fines que persiguen. Una cosa es votar en contra del Gobierno y salir contentos de la sesión y otra, muy distinta, acercar posturas y planteamientos que resulten satisfactorios para todos. Por ahora, las entidades municipales se quedarán sin recursos adicionales que se consignaban en el Decreto-Ley y no dispondrán de un margen más flexible para sus inversiones.

Ni para repartir dinero público nos ponemos de acuerdo los españoles. Esto es lo triste.