En las próximas semanas asistiremos a un nuevo enfrentamiento político: los alcaldes pertenecientes a trece formaciones distintas –entre ellos, el de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez- disconformes con el acuerdo sobre la utilización de los remanentes de los ayuntamientos alcanzado por el voto de calidad del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), convertido en Real Decreto Ley (RDL) por el Consejo de Ministros, mantienen la discrepancia abierta con la organización y el Gobierno, en tanto las representaciones socialistas, principalmente la de la FEMP, no da su brazo a torcer e invita al resto de formaciones a convalidar el aludido RDL el próximo jueves en el Congreso de los Diputados y a mejorarlo en la tramitación parlamentaria, sobre todo en los apartados correspondientes a los remanentes y al reparto del fondo de cinco mil millones de euros, tal como se comprometió en sede parlamentaria la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Pero ya han adelantado posiciones algunos partidos y algunas instituciones, como el Ayuntamiento de La Orotava, donde por unanimidad la junta de portavoces acordó días pasados, apoyándose en informes técnicos de intervención y tesorería, no devolver al Estado diecisiete millones de euros que figuran consignados en los remanentes presupuestarios, revelan que no parecen dispuestas a estimar aquella invitación, pretextando los riesgos de no poder atender a corto y medio plazo las obligaciones contraídas para la prestación de algunos servicios esenciales, sin desprenderse, por cierto, de un victimismo con el que dar cobertura a la defensa de los intereses ciudadanos y de los proveedores, pequeñas y medianas empresas locales. Veremos qué hacen otros ayuntamientos cuando reanuden la actividad corporativa en el nuevo curso político.
El criterio general de los alcaldes discrepantes para una posible alternativa es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría presentar un real decreto exprés con un reparto por población de la cantidad reflejada (los cinco mil millones de euros), independientemente de si los ayuntamientos tienen remanente o no. Hablan de un reparto más justo y más igual para ‘todas’ las administraciones locales, sin admitir las razones que inciden en la contabilidad nacional.
Los socialistas habrán de esmerarse para persuadir de que la entente alcanzada, ahora ya con respaldo gubernamental, es beneficiosa para los consistorios y para la ciudadanía. Que la fórmula es bastante mejor que la dispuesta en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy para la utilización de los ahorros, basada en la filosofía de no invertir los ahorros sino de guardarlos en los bancos, con los intereses correspondientes, además. No les resultará fácil, a la vista de las reacciones que se van sucediendo. Cierto que las circunstancias de entonces y ahora son muy distintas. En el ámbito municipal del PSOE, donde también destacan una inyección de cuatrocientos millones de euros para financiar el déficit de las empresas de transporte público originado durante la crisis sanitaria, entienden que “todo pasa en las ciudades, en los municipios, y todo pasa por las ciudades, por los municipios, y ahora toca la recuperación, de todos y para todos, sin que nadie quede atrás. La reactivación es esencial y en ella la participación de las entidades locales es imprescindible”
Por ahora, primeros escarceos de una contienda política de intrincada solución y que no conviene a la ciudadanía, muy pendiente actualmente de otras cosas que no sean diatribas entre políticos.
1 comentario:
Lícitas son, dentro del denominado juego político, contiendas y disputas por aquello de las ópticas y enfoques, pero en este supuesto que hoy comentas me parece extraño el que se pase tan de puntillas por la ley de Montoro, que viene a ser la madre de todas las batallas. Porque bien está que los ayuntamientos puedan mostrarse reacios, pero mientras no se cambie, o derogue, la normativa, mucho brindis al sol.
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