La
proximidad de nuevas campañas electorales pone nuevamente sobre la
mesa la controversia de la cuestión de la información sobre los
comicios. Ya saben: cuáles son los criterios que deben caracterizar
su emisión (principalmente en medios públicos), si deben guardar un
carácter estructural o de bloques, si la duración o el espacio
deben ajustarse a resultados de las última convocatorias... en
definitiva, cuál es el tratamiento idóneo: el ajustado a pautas de
interés informativo o periodístico o el condicionado por otros
factores vinculados a normativa electoral.
La
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha
vuelto a fijar posición al respecto y ha reiterado su llamamiento a
los partidos políticos para que sean suprimidos los bloques
electorales en los informativos en las cadenas de televisión, de
modo que la información se rija exclusivamente por criterios
periodísticos.
Entiende
la FAPE que la imposición de los bloques significa una limitación
del derecho de los ciudadanos a recibir una información imparcial y
plural. Este derecho, según la organización, se ve claramente
coartado por la proporcionalidad (tanto en duración como en orden)
que establece la normativa electoral. Así las cosas, la Federación
exige a los partidos políticos que “respeten el libre ejercicio
del periodismo y dejen el criterio de informar a los profesionales de
los medios que están sujetos a los bloques electorales”.
Y
aunque los locutores añadan la coletilla justificativa con la que,
teóricamente, se salva la posición del medio (vulgo, no queda
otra), lo que procede, si hay voluntad política de los partidos, es
la modificación de la norma correspondiente para que primen esos
criterios periodísticos a la hora de emitir información sobre la
campaña. Bien es verdad que no será fácil admitirla como solución
ideal teniendo el cuenta el sesgo y los intereses de las empresas
mediáticas.
El
Consejo de Informativos (CdI) de RadioTelevisión Española ya hizo
en su momento algunas consideraciones al respecto. Cree que lo
bloques, de estructura cerrada y ordenados en función de la
representatividad política obtenida en los últimos comicios, “no
cumplen los principios de imparcialidad, pluralismo y neutralidad
propios de la radiotelevisión pública, y se convierten así en
espacios de propaganda de los partidos que para ello ya tienen
asignado su lugar en la parrilla”. El CdI añade que los bloques no
responden al interés informativo general ni garantizan la presencia
adecuada de todas las fuerzas políticas concurrentes”.
En
el número 71 de la Revista Latina de Comunicación Social se publica
un trabajo que contiene una propuesta de modelo alternativo para
superar el conflicto del que son autores los profesores Joaquín
Marqués- Pascual, Joan Francesc Fondevila-Gascón, Clara de Uribe
Gil y Marc Perelló-Sobrepere. Son partidarios de mantener el sistema
de bloques pero estableciendo un modelo mixto que implica una parte
proporcional a la representación conseguida en las anteriores
elecciones y otra parte de criterio periodístico. “El equilibrio
de poderes -señalan los firmantes- confiere a los medios de
comunicación un papel de controladores (gatekeeper)
que nadie debe usurpar, y que la sociedad civil demanda y merece en
tanto que rol necesario para el sistema democrático. La salud de
éste se mide por la libertad de expresión y la pluralidad de medios
de comunicación. Y otorgar a los periodistas libertad de criterio al
informar sobre las campañas electorales es una de las evidencias más
diáfanas en este sentido”.
La
estimable conclusión de este trabajo es que “el equilibrio
democrático entre medios de comunicación y partidos políticos
viene determinado por un replanteamiento profundo del concepto de
bloque electoral y, para ello, resulta necesario encontrar una
solución al conflicto. Animamos a las fuerzas políticas a la
superación de la situación ya que ayudaría a todas las partes
implicadas. Los ciudadanos conseguirían una información veraz en
todo momento. Los representantes políticos no verían menoscabado su
nivel de prestigio y, por ende, pensamos que mejoraría su imagen
pública. Los medios y sus profesionales ganarían en credibilidad.
La calidad de la democracia, en suma, se vería beneficiada y la
salud democrática en nuestro país ganaría enteros”.
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